La situación represiva en Colombia es gravísima. El permanente fortalecimiento del ejército y la extensión de bases militares con ocupación norteamericana son elementos centrales de una guerra que las clases dominantes colombianas, con el abierto apoyo de EEUU, sostienen para defender su dominio y garantizar sus ganancias millonarias a costa de la destrucción y la marginación de gran parte del pueblo trabajador. Bajo el gobierno del actual presidente Juan Manuel Santos continúa la persecución política que desde hace décadas se cobra miles de víctimas populares. Se repiten las masacres del ejército y el paramilitarismo, los asesinatos políticos, los desplazamientos de pobladores campesinos, el ataque a cada nueva expresión de organización popular y se hace cada día más notable la grave situación que atraviesan los presos políticos, cuyo número aumenta al ritmo de las detenciones y extradiciones y cuyas condiciones de reclusión empeoran gravemente bajo la práctica sistemática de la tortura.
Así, la siempre creciente cifra de presos políticos en las cárceles de Colombia asciende ya a cerca de 7.500 detenidos, 500 de los cuales son miembros de las organizaciones armadas resistentes FARC y ELN, mientras los otros casi 7.000 son activistas de distintos orígenes: sindicalistas, maestros, estudiantes, artistas, abogados, profesionales, campesinos, líderes sociales y antirrepresivos. El uso habitual de la tortura, tantas veces denunciada por organismos de derechos humanos de todas las latitudes, está haciendo aumentar el número de muertos dentro de los detenidos políticos, causando, sólo en este año, cinco nuevas muertes(1).
En este marco, ha causado gran impacto la abierta colaboración que el gobierno del presidente Hugo Chávez está brindando al gobierno de Santos para el encarcelamiento y extradición de activistas políticos que enfrentan el terrorismo de estado colombiano, como sucedió recientemente con Joaquín Pérez Becerra.
No hubo ambigüedad al respecto. Un comunicado oficial del estado chavista decía: “El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, informa que, el día 23 de abril de 2011, fue detenido en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, el ciudadano de nacionalidad colombiana Joaquín Pérez Becerra”(2). Este reconocido periodista, director de la Agencia de Noticias Nueva Colombia (ANNCOL) y uno de los fundadores de la Asociación Bolivariana de Comunicadores (ABC), fue detenido por el estado venezolano siguiendo las directivas de Interpol que, a pedido de Colombia y EEUU, lo califica como “terrorista” porque su agencia incluye la difusión de posiciones de organizaciones de la resistencia colombiana como las FARC. En virtud de ello, el gobierno de Chávez lo apresó primero en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia y luego, el 25 de abril, lo entregó a un comando de las fuerzas especiales del ejército colombiano, quienes lo encerraron en una cárcel de máxima seguridad.
La detención de Pérez Becerra causó gran impacto en el conjunto del movimiento político, social y de derechos humanos en distintas partes del mundo y en la misma Venezuela, multiplicando las declaraciones y reclamos contra la política colaboracionista del chavismo con la represión colombiana. Según el mismo Partido Comunista de Venezuela (chavista) Pérez Becerra “fue entregado por el Gobierno venezolano, cumpliendo así un pacto firmado por Chávez y Santos meses atrás del cual no se tiene conocimiento público de sus alcances y a cuántos revolucionarios pueda afectar”(3).
Pero la detención del director de ANNCOL no es algo excepcional, sino que se enmarca en una práctica sostenida por el chavismo desde hace años, que ha llevado a la entrega y extradición de varios militantes y combatientes vascos y colombianos, incluyendo a conocidos representantes de la izquierda independentista vasca, y de las FARC y el ELN de Colombia(4).
En este caso, el tema adquirió más repercusión, no sólo porque hace más evidente que las capturas y entregas anteriores no eran “casos aislados” sino parte de una coherente política oficial, sino además por el hecho de que Joaquín Pérez Becerra es un representante conocido del periodismo alternativo internacional. El director de ANNCOL, de origen colombiano, debió exiliarse en 1994 a Suecia debido a que, por su participación en la Unión Patriótica(5) pesaba sobre su cabeza una “condena a muerte” del paramilitarismo. El periodista, que se nacionalizó en Suecia hace 10 años, viene realizando desde su exilio una importante labor de denuncia del terrorismo de estado colombiano, razón por la cual los gobiernos de Uribe y de Santos lo han señalado como “terrorista”, según los criterios impulsados por EEUU sobre el tema.
Como ha destacado Dick Emanuelsson, la entrega de Pérez Becerra a los centros de tortura colombianos estuvo acompañada por una política oficial de censura mediática a cargo de Andrés Izarra, ministro de comunicación e información de Venezuela. Según Emanuelsson, muchos periodistas venezolanos han afirmado que “la campaña por censurar el tema de Joaquín Pérez la dirige Izarra directamente”(6). El oscurantismo mediático sigue los pasos de la política oficial que ordenó la extradición del periodista, como lo registra la misma agencia ANNCOL: “El cubrimiento que Telesur ha hecho del caso de Joaquín no es menos triste si vemos cómo se han silenciado las manifestaciones nacionales e internacionales en procura de su libertad”(7).
Así, el reconocimiento de las pautas norteamericanas para la persecución de militantes políticos y combatientes de la resistencia que son acusados de “terrorismo”, y a partir de ello, los golpes repetidos que Hugo Chávez viene dando contra distintas figuras de la resistencia, entregándolos a los principales centros de tortura, como son las cárceles colombianas, son un claro señalamiento del lugar que el chavismo ha asumido en la defensa del sistema y sus instituciones, y una clara advertencia para los luchadores populares que deben desconfiar de todos los gobiernos capitalistas, sean estos reaccionarios o progresistas.
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NOTAS:
1) “Ya van 5 presos políticos muertos por denegación de asistencia médica en las cárceles de Colombia en el 2011”. Rebelión. 25 de abril de 2011.
2) “Gobierno Bolivariano ratifica compromiso en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado”, Ministerio del poder popular para la comunicación y la información de Venezuela, 23 de abril de 2011.
3) Joaquín Pérez Becerra: “Esta es una persecución política para silenciar a los medios alternativos”, Tribuna Popular, 26 de abril de 2011
4) En los últimos años, el gobierno de Hugo Chávez detuvo y expulsó a numerosos activistas a los que acusó de estar vinculados con organizaciones de resistencia como la izquierda vasca o el ELN y las FARC colombianas. Algunos de los casos más renombrados fueron: Rodrigo Granda (13/12/04), Donayro Manuel Acevedo Pérez (18/12/05), Gabriel Culma Ortiz (31/07/08), Walter Wendelin (1/04/10), Nilson Terán Ferreira (25/12/10), Carlos Julio Tirado Hernández y Carlos Duban Pérez Marín (12/04/11), y ahora Joaquín Pérez Becerra (25/04/11). Para ver más sobre este tema se puede leer: “Venezuela: el rol del chavismo en Latinoamérica” y otros artículos disponibles en http://blog-otr.blogspot.com.
5) La Unión Patriótica (UP) fue una organización que en los ’80 y ’90 intentó hacer planteos de transformación política y social en el marco de la democracia parlamentaria colombiana y que fue virtualmente liquidada por la represión estatal y paraestatal con el asesinato de unos 5.000 militantes y dirigentes.
6) “¡Entregado, misión cumplida!”, Dick Emanuelsson, 25 de abril de 2011
7) “Venezuela deportó a Joaquín Pérez”, ANNCOL, 26 de abril de 2011
