La defensa de las mineras y la oposición al 82% móvil
En las últimas semanas dos medidas políticas que se llevaron a discusión en el congreso han contribuido a echar luz sobre la naturaleza del gobierno kirchenrista, que, aunque insiste en autodenominarse “nacional y popular”, lleva adelante claras políticas de entrega nacional y sumisión al imperialismo, y de ataque a los intereses de los trabajadores y el pueblo en defensa de las ganancias millonarias de los empresarios y sus socios políticos.
No necesitábamos ninguna nueva confirmación para saber que el gobierno tiene una clara política de subordinación a los intereses del gran capital trasnacional, siendo que actualmente se paga sistemáticamente y en caudales millonarios la deuda externa, se otorgan grandes privilegios y exenciones para empresas multinacionales (que se están llevando millones de dólares a sus casas matrices), y se sostiene el entrenamiento conjunto con los yanquis y el apoyo militar en Haití, entre tantas otras cosas.
Aún así, no deja de ser vergonzante la defensa desesperada que el gobierno peronista viene haciendo de los negocios de las grandes mineras como la Barrick Gold. Es entendible, puesto que la explotación minera promete negocios millonarios para la multinacional y sus socios locales, entre los que se encuentran amigos y miembros del gobierno, incluyendo al hermano del gobernador peronista de San Juan, José Luis Gioja, y al secretario de minería, Jorge Mayoral. Claro que esto es hecho a costa de la más descarada entrega de los recursos naturales nacionales, e implica el ataque directo a nuestro pueblo, que deberá pagar las consecuencias del saqueo y la contaminación con su salud y economía. Al respecto, son innumerables las denuncias y estudios hechos por organizaciones populares que evidencian la gravedad que acarrea la explotación a cielo abierto de la minera de Pascua-Lama. Aún así, el gobierno autoproclamado “nacional” no ha perdido oportunidad de sostener su política de entrega antinacional, priorizando sus propios negocios. Para ello, intervino, una y otra vez, en defensa de las multinacionales mineras. Por eso, el año pasado Cristina Fernández vetó la ley de glaciares que implicaba cierta protección de los recursos naturales. Por eso, este año se fotografió con el presidente de la Barrick Gold, Peter Munck. Y por eso, también, en las últimas semanas, han acudido a diversos recursos (compra de votos, evitar el quorum, negociación de una regulación intermedia) con tal de poder sostener la explotación minera, para su propio beneficio y el de las multinacionales.
Y en lo que hace a políticas sociales, el kirchnerismo también ha tenido, en las últimas semanas, una excelente oportunidad para mostrar su carácter antipopular con su negativa contundente a aprobar el pago del 82% móvil a los jubilados. Así, un gobierno que subsidia a las multinacionales con más de 70.000 millones de pesos y que paga sistemáticamente la deuda externa hasta el punto de enorgullecerse por haber girado de un saque 10.000 millones de dólares al FMI, se niega, eso sí, a subir las jubilaciones, que hoy en su mayoría se encuentran en cerca de los $1.000, es decir, menos de un 25% de lo que cuesta la canasta familiar. Si cuando fue el lock out de las patronales rurales, el gobierno se escudaba en el conservadurismo de la oposición sojera para argumentar por qué nunca se había dado la tan prometida “redistribución de la riqueza”, ahora, cuando el oportunismo de la oposición sojera los ha llevado a proponer medidas sociales progresivas como el aumento de las jubilaciones, es la iniciativa del mismo gobierno kirchenrista la que pone freno a una medida tan elemental de “redistribución”.
Una vez más, es bien claro que el gobierno kirchenrista gobierna para los empresarios y las multinacionales como la Barrick Gold y que lo hace contra el pueblo, entregando los recursos y atacando las medidas más básicas de mejora social como el aumento (¡mísero!) de las jubilaciones a partir del 82% móvil. Por eso, contrariamente a lo que dice de sí mismo, el gobierno de los Kirchner es un gobierno antinacional y antipopular.