Se profundiza la represión
La represión contra los trabajadores y los más pobres se ha sostenido durante todo el período democrático, desde Alfonsín hasta hoy, por no hablar de períodos anteriores. Y en momentos como el presente, marcados por una profunda crisis económica y social, esta práctica se profundiza aún más.
La multiplicación de la pobreza y la degradación social, y el desarrollo de reclamos por derechos básicos como el salario, el trabajo, la vivienda, la salud, la educación, los derechos humanos, entre otros, plantean un panorama crítico. Frente a ello, la burguesía responde y se adelanta, descargando su represión con la intención de contener las reacciones populares contra las actuales condiciones de opresión y miseria.
Así pues, la represión no es privativa de una u otra corriente patronal, sino algo en lo que concuerdan el conjunto de los capitalistas y sus representantes políticos de los partidos que gobiernan. Lo que existe, en todo caso, son distintos criterios entre los burgueses sobre cómo debe reprimirse y sobre lo que debe decirse públicamente al respecto.
Así, están, por un lado, aquellos a quienes los kirchneristas llaman “la derecha”, es decir, los políticos que sinceran públicamente su filiación patronal y que en forma consecuente defienden la economía liberal y la represión contra los trabajadores. Sus personeros más destacados son el PRO de Macri, los peronistas que se han separado (circunstancialmente) del kirchnerismo como Duhalde o De Narváez, y otros que nutren las filas radicales y del ACyS como Bullrich o López Murphy.
Están tan interesados en mostrarle al empresariado su voluntad de “mantener el orden” a fuerza de palos, que ostentan orgullosos sus hazañas represivas. Por eso, la “mano dura” es eje de sus campañas políticas (mapa del delito de De Narváez, policía de Macri). Y, por supuesto, es eje de su política. Macri lo viene ejemplificando con su gestión en la ciudad, creando una nueva policía (que por supuesto está a cargo de verdugos probados como el renunciante Fino Palacios y el actual Osvaldo Chamorro), formando una unidad especial para garantizar desalojos y dar golpizas a los pibes de la calle (UCEP), prohibiendo las movilizaciones sociales y desalojando a familias humildes y a organizaciones sociales. Su correligionario Jorge Fornari del PRO de Gálvez (Santa Fe), ha expresado con todas las letras el pensamiento de estos enemigos del pueblo al reclamar recientemente a gritos “quemar a las ratas” de la villa.
Pero si de intentar “mantener el orden” a fuerza de represión se trata, esta política que algunos consideran “de derecha” la vemos desplegarse por todo el territorio nacional bajo la responsabilidad de los gobiernos municipales, provinciales y principalmente del gobierno nacional kirchnerista, quien lidera todas la fuerzas de seguridad con competencia federal.
Sólo que, a diferencia de Macri y Cía., los políticos burgueses que se autodenominan “progresistas”, como los kirchneristas (y varios más que ahora se intentan reorganizar por afuera), basan su política en la demagogia, prometiendo representar al pueblo mientras sirven a los empresarios.
En ese discurso se enmarca la política represiva del gobierno kirchnerista que carga todas las tintas contra el macrismo (interviniendo, por ejemplo, en la campaña contra el Fino Palacios), y oculta su política represiva atrás de discursos en defensa de los DDHH.
Sin embargo, si nos remitimos a los hechos, y usando sus propias palabras, podríamos decir que nadie actualmente está más a la “derecha” que el kirchnerismo, quien lidera por lejos el caudal de represión al ser responsable directo del accionar de la Policía Federal , la Gendarmería , la Prefectura , el Servicio Penitenciario Federal, además de ser jefe político de varios gobernadores que tienen a su cargo policías provinciales, como la bonaerense.
Así pues, bajo distintos discursos, el conjunto de los representantes de la clase dominante están profundizando una misma política represiva a lo largo del país.
Esta represión se presenta, en primer lugar, como un mecanismo de control social para los más pobres a los que se busca disciplinar para que no levanten la cabeza y busquen el camino de la lucha. Así, se repiten, constantemente, casos de detenidos arbitrariamente, de torturados y muertos en las cárceles, y día por medio otro chico humilde es asesinado por el gatillo fácil(1), como salió a la luz recientemente con el asesinato de un prefecto a una joven de la villa 31 de la Capital Federal.(2)
Y además, por supuesto, la represión gubernamental se desata cada vez más contra los que resisten o salen a luchar por sus derechos.
Los casos se repiten una y otra vez. Ante cada nueva lucha obrera que se desarrolla, el gobierno nacional y los gobiernos locales despliegan las fuerzas represivas para garantizar la defensa de la patronal, encausan a los activistas, mandan la patota y demás mecanismos represivos. Es lo que sucede actualmente con Terrabusi-Kraft, completamente militarizada y bajo amenaza de desalojo por su lucha contra los despidos. También los movimientos de desocupados son un eje permanente del ataque estatal, como nos lo recuerda la represión a los desocupados que estaban apostados en el acceso a Caleta Olivia en la que hirieron gravemente a varios activistas.
Además, numerosos y violentos desalojos se vienen dando a lo largo del país. El pasado 28 de agosto desalojaron el Asentamiento Dignidad de Trelew repitiendo los ataques como el que sufrieron las comunidades mapuches en Neuquén, los que se vivenciaron en la ciudad de Bs. As. o el que hace sólo unos meses se vio en el barrio Pueyrredón de Mar del Plata. En esta ciudad, la represión gubernamental volvió con fuerza el pasado 2 de septiembre atacando a los manifestantes que denunciaban la Cumbre de Alcaldes.
Y así, por todo el país, la represión contra el pueblo trabajador se repite, procesando a miles de activistas, con presos políticos, golpeando y asesinando a la gente del pueblo. Es algo en lo que coinciden todos los políticos del sistema, se consideren “de derecha” o “progresistas”, porque todos ellos defienden a los capitalistas y atacan, para ello, al pueblo trabajador.
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NOTAS:
1) Fuente: Archivo de Casos 2008 de CORREPI
2) El suboficial de prefectura en cuestión, Luis Luque, fue liberado por “falta de mérito”.