El Revolucionario Nº45 (Abril de 2009)
Mientras los trabajadores en actividad y jubilados ven achicarse cada día sus salarios, comidos por la inflación y reducidos por las medidas que toman las empresas para garantizar sus ganancias en tiempos de crisis, y aumentan la pobreza y la indigencia, los funcionarios nacionales, provinciales y municipales cobran sueldos de lujo.
En pleno reclamo salarial docente, Macri otorgó un premio de $18.000 por “productividad” a funcionarios que cobran más de $9.000. Lo justificó argumentando que ese premio representa “sólo $2.600.000, mientras que la masa salarial docente supera los $100.000.000”.
En Tierra del Fuego, con los estatales en conflicto hace meses, la legislatura aprobó un aumento que lleva la dieta a $16.500. El presidente de la bancada del ARI, Fabio Marinello, calificó de “operación periodística” la difusión de la información. Para defender el aumento, dijo que los intendentes de Ushuaia y Río Grande perciben una remuneración similar, y reclamó a los trabajadores “Estar a la altura de las circunstancias, y entre todos hacer un esfuerzo” para encarar la crisis de la provincia. “Hoy por hoy, va a ser bastante difícil discutir salarios”, aseguró, mientras corría a cobrar su jugosa dieta.
En la provincia de Buenos Aires, los intendentes cobran $14.552 (25 de Mayo); $17.526 (Rauch) o $14.736 (General Belgrano). El de San Martín, Ricardo Ivoskus, percibe $14.800 pesos. El quilmeño Francisco “Barba” Gutiérrez, $13.181 más $1.318 por gastos de representación. A todos les mata el punto el intendente de Vicente López, Enrique “Japonés” García, con $28.368.
Los diputados provinciales bonaerenses cobraron, en 2008, $14.011,34 pesos por mes. A eso hay que sumar los contratos y el cupo de pensiones graciables, que se otorgan discrecionalmente, con el compromiso de “aportar” un porcentaje que varía del 20 al 50% a la estructura partidaria en cuestión.
En Tucumán, el salario de cada legislador pasó de $5.000 a $7.500, pero hay que sumar las cifras para contratar personal y “ayudas sociales”. Oficialmente, son $10.000 por mes, pero en algunos casos (generalmente, de diputados oficialistas), llega a $30.000 mensuales.
Cada juez de la Corte cobra $24.000. Un juez de la provincia de Buenos Aires gana $9.000. Un camarista federal, $20.000, y un juez nacional supera los $10.000. Jueces y fiscales de la ciudad de Buenos Aires perciben sueldos superiores a los de la justicia nacional. Además, todos están exentos del impuesto a las ganancias y tienen garantizada la intangibilidad de sus remuneraciones. En abril de 2008, la Cámara en lo Contencioso Administrativo falló a favor de tres jueces para que sus haberes fueran reajustados según la inflación desde 1991, sosteniendo que “los jueces están sujetos a incompatibilidades que les impiden paliar la disminución de sus ingresos mediante el aumento de las horas de trabajo y el desempeño de otros empleos y actividades, remedios usados por el resto de los habitantes honestos que han podido hacerlo, para sobrevivir en la emergencia. Tampoco les está permitida la mendicidad ni el crimen, a los que han echado mano algunos individuos, ni la paradoja de sueldos magros e ingresos abundantes, en la que, según parece por otros casos, incurrieron con descaro otros poderes”.Esos fabulosos sueldos, que aseguran la “fidelidad” de los funcionarios a la burguesía, indignan aún más cuando reparamos en que se pagan con el esfuerzo de los trabajadores. Pero son sólo una parte menor de lo que roban directamente, con coimas y “retornos”, o a través de negocios con sus propias empresas o las de sus socios y amigos. Seguro que no recurren a la mendicidad, pero su arma cotidiana es el crimen de la explotación
Mientras los trabajadores en actividad y jubilados ven achicarse cada día sus salarios, comidos por la inflación y reducidos por las medidas que toman las empresas para garantizar sus ganancias en tiempos de crisis, y aumentan la pobreza y la indigencia, los funcionarios nacionales, provinciales y municipales cobran sueldos de lujo.
En pleno reclamo salarial docente, Macri otorgó un premio de $18.000 por “productividad” a funcionarios que cobran más de $9.000. Lo justificó argumentando que ese premio representa “sólo $2.600.000, mientras que la masa salarial docente supera los $100.000.000”.
En Tierra del Fuego, con los estatales en conflicto hace meses, la legislatura aprobó un aumento que lleva la dieta a $16.500. El presidente de la bancada del ARI, Fabio Marinello, calificó de “operación periodística” la difusión de la información. Para defender el aumento, dijo que los intendentes de Ushuaia y Río Grande perciben una remuneración similar, y reclamó a los trabajadores “Estar a la altura de las circunstancias, y entre todos hacer un esfuerzo” para encarar la crisis de la provincia. “Hoy por hoy, va a ser bastante difícil discutir salarios”, aseguró, mientras corría a cobrar su jugosa dieta.
En la provincia de Buenos Aires, los intendentes cobran $14.552 (25 de Mayo); $17.526 (Rauch) o $14.736 (General Belgrano). El de San Martín, Ricardo Ivoskus, percibe $14.800 pesos. El quilmeño Francisco “Barba” Gutiérrez, $13.181 más $1.318 por gastos de representación. A todos les mata el punto el intendente de Vicente López, Enrique “Japonés” García, con $28.368.
Los diputados provinciales bonaerenses cobraron, en 2008, $14.011,34 pesos por mes. A eso hay que sumar los contratos y el cupo de pensiones graciables, que se otorgan discrecionalmente, con el compromiso de “aportar” un porcentaje que varía del 20 al 50% a la estructura partidaria en cuestión.
En Tucumán, el salario de cada legislador pasó de $5.000 a $7.500, pero hay que sumar las cifras para contratar personal y “ayudas sociales”. Oficialmente, son $10.000 por mes, pero en algunos casos (generalmente, de diputados oficialistas), llega a $30.000 mensuales.
Cada juez de la Corte cobra $24.000. Un juez de la provincia de Buenos Aires gana $9.000. Un camarista federal, $20.000, y un juez nacional supera los $10.000. Jueces y fiscales de la ciudad de Buenos Aires perciben sueldos superiores a los de la justicia nacional. Además, todos están exentos del impuesto a las ganancias y tienen garantizada la intangibilidad de sus remuneraciones. En abril de 2008, la Cámara en lo Contencioso Administrativo falló a favor de tres jueces para que sus haberes fueran reajustados según la inflación desde 1991, sosteniendo que “los jueces están sujetos a incompatibilidades que les impiden paliar la disminución de sus ingresos mediante el aumento de las horas de trabajo y el desempeño de otros empleos y actividades, remedios usados por el resto de los habitantes honestos que han podido hacerlo, para sobrevivir en la emergencia. Tampoco les está permitida la mendicidad ni el crimen, a los que han echado mano algunos individuos, ni la paradoja de sueldos magros e ingresos abundantes, en la que, según parece por otros casos, incurrieron con descaro otros poderes”.Esos fabulosos sueldos, que aseguran la “fidelidad” de los funcionarios a la burguesía, indignan aún más cuando reparamos en que se pagan con el esfuerzo de los trabajadores. Pero son sólo una parte menor de lo que roban directamente, con coimas y “retornos”, o a través de negocios con sus propias empresas o las de sus socios y amigos. Seguro que no recurren a la mendicidad, pero su arma cotidiana es el crimen de la explotación