El Revolucionario Nº18 (Octubre 2006)
El dilema del mejor alumno
Jorge Julio López era un ilustre desconocido para la gran mayoría de los argentinos antes de septiembre de 2006. Sólo un puñado de militantes de DDHH sabía que era uno de los querellantes contra el genocida Miguel Angel Etchecolatz, y que su testimonio, como el de otros sobrevivientes, sería angular para lograr la condena del comisario favorito de Camps. Un mes después de su desaparición, en cambio, su imagen y el reclamo de Aparición con Vida es omnipresente en afiches y pancartas de multitudinarias marchas protagonizadas por sectores antagónicos de la sociedad, en diarios, revistas y televisión, y nos sorprende en avisos oficiales, comisarías y patrulleros. El gobierno provincial de Felipe Solá inmediatamente se esforzó en posicionarse en el lugar de “víctima” de una “maniobra política de bandas mafiosa de ex policías residuales de la dictadura” y ofreció una recompensa importante a quien aportara datos del que llamó el “primer desaparecido de la democracia”.
Como ya ha ocurrido en casos similares, el gobierno nacional guardó silencio al principio, apostando a que el “problema” se disolviera en una cuestión exclusivamente local. Al aumentar la repercusión, instaladas ya las movilizaciones al centro del poder político nacional, y después del blooper de Aníbal Fernández sugiriendo que López “podría estar en la casa de una tía”, Kirchner y sus operadores salieron a disputar a Solá el podio de “víctima” de la maniobra, señalando como sus perpetradores a la “derecha”, que pretendería con este crimen “quebrar nuestra política de derechos humanos y hacer retroceder los juicios y las condenas a los genocidas”.
En esa “derecha” cada vocero gubernamental incluye a quien más le gusta, desde Cecilia Pando a Joaquín Morales Solá, pasando por Juan Carlos Blumberg o Mariano Grondona; y ya que están, como después de todo es año electoral, junto a Macri o López Murphy algunos suman a Lilita Carrió y al propio Solá.
En el discurso catastrofista que augura riesgo de golpe de estado y anuncia presiones para lograr nuevos indultos o puntos finales, es central el rol jugado por los organismos de DDHH aliados al gobierno, que invocando sus años de lucha contra el terrorismo de estado, y con el eje común de que atacar al gobierno facilita las cosas para la “derecha”, han ensayado diversas tácticas para que la movilización popular por la aparición con vida aparezca como un reclamo conjunto del gobierno y los distintos “sectores y organismos de la sociedad civil”. Como viene sucediendo, convertida en sosias femenino y con pañuelo del alcahuete D’Elía, apareció Hebe Pastor de Bonafini, que en su desesperación por defender a su jefe no dudó hasta en responsabilizar por la desaparición… al desaparecido.
En resumen, por una parte el gobierno y sus aliados acusan a la “derecha troglodita”, a los “nostálgicos de la dictadura”, a la “mano de obra desocupada”, a los “resabios del autoritarismo”, etc., de conspirar para frenar los juicios y evitar las seguras condenas que esperan a los responsables del genocidio que todavía no murieron de muerte natural. Por la otra, de la supuesta “oposición” surgen voces que, como cuando fueron sancionados algunos militares en actividad cerca del 24 de marzo, plantean que la desaparición de Julio López es la consecuencia de una errada política “izquierdista” que avivó viejos fuegos y reabrió heridas en vías de consolidación, haciendo trizas el camino de reconciliación de la sociedad argentina. El discurso de la “presión de la derecha para impedir los juicios” es también desarrollado por organizaciones de izquierda, que al adoptar esa posición terminan en el disparate de que una cosa es el estado, y otra su aparato represivo, que estaría “fuera de control”. Así explican su presencia en movilizaciones convocadas y dirigidas por el propio gobierno.
Cuando en El Revolucionario nº 14 analizamos la política militar del kirchnerismo, dijimos: “Esta posición, en la que insistimos, confluyen por igual ex montoneros como Verbitsky, Bonasso y Garré con los voceros de las FFAA Grondona, Jaunarena o Fraga, tiene por objeto tender un manto de silencio sobre los motivos que llevaron al golpe del 76 y su posterior reconversión democrática del 83, ambos planificados tácticamente por el Departamento de Estado yanqui. Presentar el golpe como una aventura trasnochada de un puñado de generales, brigadieres y almirantes, y su retirada en 1983 como conjunción del desgaste militar a raíz de sus errores, especialmente en Malvinas, con el “triunfo democrático” del pueblo argentino que recuperó sus instituciones, sirve a unos y otros para ocultar que tanto el inicio como el fin de la dictadura fueron dirigidos desde EEUU, que a fines de los 80 empezó a delinear una renovación de su estrategia hacia terceros países, en particular en América Latina, uno de cuyos objetivos es consolidar las democracias representativas y garantizar la gobernabilidad democrática. Como buenos parásitos que son, y por más pujas internas que tengan, todos los burgueses argentinos defienden ante todo los intereses de su amo imperialista.”
Usados y abandonados
La derrota electoral del peronismo en 1983 causó alguna zozobra en los militares y sus cómplices civiles, pues el alfonsinismo había hecho campaña prometiendo la derogación inmediata de la ley de autoamnistía de Reynaldo Bignone. El peronismo, en cambio, se había comprometido una y otra vez, por boca de su candidato Italo Argentino Luder, a respetarla, simple muestra de la histórica buena relación entre el PJ y los uniformados argentinos, lo que el alfonsinismo llamó “pacto sindical-militar”. La promesa radical de juicio y castigo se materializó en el juicio a las juntas, precedido por un intenso debate acerca de sus alcances. Finalmente triunfó la tesis del “juicio chico”, limitado a los integrantes de las tres primeras juntas, y sólo por un número muy reducido de delitos, lo que, complementado luego con las instrucciones del P. E. N. a los fiscales, las leyes de obediencia debida y el punto final, convirtieron lo que fue expectativa de justicia en una parodia a la que los indultos menemistas pusieron el moño.
De esa forma, militares y civiles implicados en la represión durante la dictadura vivieron en relativa calma durante dos décadas, sólo importunados de vez en cuando por algún escrache en el que los cordones y vallados policiales los protegían del repudio popular.
En el último lustro de la década del 90, al amparo de la tesis de la jurisdicción internacional para delitos de lesa humanidad impunes en su lugar de comisión, el juez español Baltazar Garzón Real dio inicio a las causas contra represores argentinos y chilenos, mientras con la misma pluma que ordenaba la detención de Pinochet admitía como prueba válida las confesiones arrancadas bajo la tortura a los militantes independentistas vascos. La resistencia del gobierno peronista de Menem a colaborar con las causas españolas ayudó a que la justicia argentina admitiera el trámite de algunas causas llamadas “juicios de la verdad”, porque sus promotores, frente a la imposibilidad de obtener condenas penales, alegaron el derecho de las víctimas y sus familiares a probar testimonialmente lo ocurrido. Pronto se detectaron algunos nichos que permitían la persecución penal por delitos no alcanzados por las leyes de impunidad y no incluidos en la condena a los comandantes de la Causa 13, como el secuestro y sustitución de identidad de hijos de desaparecidos. A mediados de 1998 Jorge Rafael Videla era detenido por ese delito, generando olas de aplausos de los mismos que hoy apoyan a Kirchner para el juez Marquevich, heredero del peronista Piotti en el juzgado federal de San Isidro, cuyo “valor llave” se calcula en cientos de miles de dólares pues tiene jurisdicción en el narcotráfico y otros delitos federales como el contrabando de autopartes desde la Gral. Paz hasta el Delta del Tigre y desde Pilar hasta Polvorines.
Se aceleró el proceso primero con la declaración judicial de nulidad de las leyes de impunidad y finalmente con su anulación parlamentaria, ya en tiempos kirchneristas. Hoy, además de doscientos y pico de militares presos con alta posibilidad de seguir la suerte del Turco Simón y Etchecolatz, tramitan en todo el país causas variadas en las que los sectores más avanzados de los organismos de DDHH apuntan a enmarcar los delitos comunes en la figura de genocidio cometido por el estado, y a unificar los hechos individuales litigando megacausas por centro clandestino de detención o por cuerpo de las FFAA.
En este panorama plagado de contradicciones interactúa el propio gobierno, que se ha constituido como querellante en algunas causas, y que junto a sus defensores y aliados sostiene la idea de que es su decidida defensa de los DDHH la que, al impulsar los juzgamientos y condenas, ha hecho que se reagrupe la “derecha” militar y promilitar para atacarlo, y en ese marco ubican como acción dirigida contra el propio gobierno la desaparición de Jorge Julio López. No pocas organizaciones de izquierda, equivocando por completo el análisis, formulan juicios más o menos parecidos, alertando sobre un avance fascista y promoviendo frentes policlasistas frente al “enemigo común”.
Lo que unos ocultan y otros no ven es que en todo el desarrollo que hemos intentado resumir, desde el apogeo de la represión procesista hasta la condena a Etchecolatz, hay un solo amo que ordena y dirige a la burguesía argentina: el imperialismo, que al modificar el rumbo de su política exterior ocasiona el cambio de dirección de las políticas en los países semicoloniales. Ninguna de las iniciativas enumeradas ha sido ajena a la política del departamento de estado yanqui, que así como en los ‘70 prohijó (cuando no instaló directamente) las dictaduras, dio un cambio de timón en los ‘80, profundizado en las dos décadas posteriores, no porque considerara erróneo lo actuado hasta allí, sino porque en esa etapa esa era la vía más apta para asegurar la acumulación de capital y su mayor rentabilidad. Esto explica lo que los manifestantes de Plaza San Martín no entienden: porqué los mismos que ayer los usaron para “aniquilar la subversión” hoy los abandonan y, peor aún, los persiguen.
El único amo de la burguesía
En 1823 el presidente yanqui James Monroe enunció la doctrina que desde entonces lleva su nombre, y que se suele sintetizar en la consigna “América para los americanos”. Donde dice América hay que entender todo el continente, y donde dice americanos, sólo los del norte, pues la esencia del concepto es la definición de “intereses norteamericanos” cuya afectación, en cualquier lugar de Alaska a Tierra del Fuego, justifica la intervención estadounidense.
En 1904 el presidente Teodoro Roosevelt completó la Doctrina Monroe, extendiendo su alcance a todo el hemisferio occidental, y definiendo a EEUU como el gendarme internacional: “La injusticia crónica o la importancia que resultan de un relajamiento general de las reglas de una sociedad civilizada pueden exigir a fin de cuentas, en América o fuera de ella, la intervención de una nación civilizada y, en el hemisferio occidental, la adhesión de los Estados Unidos a la doctrina de Monroe puede obligar a los Estados Unidos, aunque en contra de sus deseos, en casos flagrantes de injusticia o de impotencia, a ejercer un poder de policía internacional".
Entre los siglos XIX y XX se contabilizan unas 10.000 intervenciones armadas de EEUU en países del continente americano, desde la anexión de territorio mexicano en 1846 hasta la invasión a Panamá en 1989. Iniciativas como la Escuela de las Américas fueron clave para dar a los militares latinoamericanos una formación común, con la “defensa de los intereses continentales” (es decir, yanquis) como eje central, mientras otras como la Alianza para el Progreso apuntaban más a disciplinar los estamentos políticos.
EEUU usó en este marco incursiones militares abiertas (Puerto Rico, Granada, Panamá); operaciones militares encubiertas (Nicaragua, Honduras, El Salvador), o dirigió golpes de estado protagonizados por militares locales, como en Guatemala, Brasil, Chile y Argentina.
Las luchas continentales antiimperialistas, en muchos casos orientadas hacia el socialismo, tuvieron entre los ’60 y ’70 un marcado desarrollo, impulsadas decisivamente por el triunfo de la revolución cubana, y la contraofensiva yanqui, para fines de esa década, había instalado en casi todo el subcontinente dictaduras militares. Para los ’80, mientras se desenvolvía el proceso de la glasnost que culminaría con la destrucción del bloque soviético y la caída del muro al fin del decenio, EEUU adoptó una nueva estrategia hacia terceros países, que se propuso recurrir menos a la intervención militar directa y más a la imposición de principios rectores continentales entre los que la defensa de la “gobernabilidad democrática” y la “defensa de los derechos humanos” ocuparían un lugar de privilegio en el discurso, unidos indisolublemente a los criterios de libertad de mercado, libre cambio y libre circulación de mercancías en el continente.
Esa reconversión de la política exterior yanqui (concebida por ellos como verdadera política doméstica, en tanto involucra los famosos intereses nacionales y orientada por razones económicas) se tradujo en la inauguración de gobiernos formalmente democráticos, y en la abierta condena al terrorismo de estado y la política represiva de los gobiernos militares. En otras palabras, cada vez con mayor intensidad, en los foros internacionales palabras como “multilateralismo” y “cooperación” empezaron a hacerse centrales, junto a la condena a los regímenes autoritarios que los mismos yanquis habían impulsado y protegido décadas atrás. Si en los ’70 les sirvió promover los golpes militares y diagramar el Plan Cóndor, en los ’90 y hasta el presente aplauden el juzgamiento y condena de quienes fueron sus mejores alumnos y hoy son un lastre disponible.
El 1° de junio de 2002, en un discurso en la academia militar de West Point, lo explicaba así el presidente George W. Bush: “La naturaleza de la amenaza de la Guerra Fría requería de los EEUU (con nuestros amigos y aliados) enfatizar la disuasión del uso enemigo de la fuerza, produciendo una triste estrategia de segura mutua destrucción. Con el colapso de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría, nuestro encuadre de seguridad se ha transformado profundamente. (…) La gran lucha ha terminado. Las visiones militantes de clase, nación y raza que prometían utopía y entregaron miseria han sido vencidas y desacreditadas”. Y finalmente, dictaminaba: “La seguridad nacional estratégica de EEUU estará basada en un Internacionalismo Americano que refleje una distintiva unión de nuestros valores y nuestros intereses nacionales. (…) Nuestros objetivos en el camino hacia el progreso son claros: libertad política y económica, relaciones pacíficas con otros estados, y respeto para la dignidad humana”.
Es bien distinto este discurso de lo que El 7 de octubre de 1976 el entonces canciller Henry Kissinger decía a su par argentino, el almirante César Guzzetti, en una lujosa suite del Waldorf Astoria de Nueva York: “Nuestra actitud básica es que queremos que tengan éxito. Yo soy de convicciones chapadas a la antigua: creo que a los amigos hay que apoyarlos. Lo que no se entiende en Estados Unidos es que ustedes están pasando una guerra civil. Se lee acerca de los problemas de derechos humanos, pero no sobre el contexto. Cuánto antes tengan éxito, mejor. (…) No queremos causarles dificultades innecesarias. Si pueden terminar antes de que se reanuden las sesiones del Congreso, mejor”. O sea, repriman rápido y a fondo, que se viene el recambio de los republicanos por los demócratas con Carter y van a tener “dificultades innecesarias”. El informe de la CONADEP y otras reconstrucciones históricas de la cronología represiva del gobierno militar acreditan que la masacre de mayor envergadura tuvo lugar, precisamente, en esos meses previos a la inauguración del nuevo gobierno norteamericano. El periodista yanqui Martin Andersen publicaría en 1987 en el diario The Nation: “las ejecuciones en masa de prisioneros se convirtieron en un fenómeno generalizado sólo después del encuentro Kissinger-Guzzetti".
No fue ésta la primera conversación con los yanquis sobre la necesidad de llevar a fondo la política de exterminio en nuestro país. Desde mediados de 1975 el embajador en Buenos Aires, Robert Hill, descripto en su obituario como “experto en golpes de estado”, triangulaba las conversaciones entre las FFAA, la curia argentina y el departamento de estado yanqui, planificando el mejor momento para que los militares tomaran el poder. La principal preocupación yanqui en el intercambio de memos e informes es que su embajada no quedara tan “pegada” al golpe como tres años antes en Chile. Otros documentos desclasificados por el departamento de estado en 2002 prueban que con anterioridad al 24 de marzo Kissinger había dado su explícito apoyo al golpe, estimando necesaria la “eliminación” de por lo menos 9.000 personas en Argentina, cifra que los aplicados alumnos rioplatenses triplicarían.
El Plan Estratégico de Seguridad Nacional para EEUU presentado por el presidente Bush para el período 2005-2009 resume el cambio de estrategia: Sin abandonar en absoluto la idea de la “defensa de los intereses nacionales” en cualquier lugar del mundo, enfatiza el rol de EEUU como gendarme mundial de la libertad (de mercado) y de la lucha antiterrorista global, explicando que el desafío de la hora es garantizar la gobernabilidad democrática, y perseguir a los violadores de los DDHH (excepto los yanquis, que ahora hasta pueden torturar “legalmente”), pues de esa forma se garantiza mejor el desarrollo económico imperialista.
Los mejores alumnos, desorientados
Los dinosaurios que el kirchnerismo y sus amigos llaman “la derecha” que se estaría reagrupando, no son otra cosa que los abandonados mejores alumnos de aquella escuela setentista, que no comprenden cómo quienes los formaron, los incentivaron y les prometieron impunidad, se ponen ahora a la cabeza del reclamo de juicio y castigo y los meten presos. Del mismo modo, el repentino interés del peronismo kirchnerista por ser el abanderado de la defensa de los derechos humanos no es otra cosa que la obediencia, a pies juntillas, de los mandatos del imperio. Ayer la burguesía obedeció la orden de EEUU de dar el golpe y siguió su consejo de aniquilar en breve tiempo la mayor cantidad de compañeros posibles. Hoy responde a la directiva de soltar de la mano a los cuadros innecesarios, vejestorios inútiles que ninguna utilidad tienen y cuyo público sacrificio trae más rédito a la consolidación de la dominación que defenderlos como les habían prometido.
En uno y otro caso, la burguesía argentina obedece el mandato del amo imperial, firme en su servilismo que se traduce en oportunismo y traición para sus propios sirvientes, como los militares, a los que después de ensalzar como jefes de estado llamándolos “la reserva moral de la Patria”, hoy tratan como simples criminales. Nadie lo explicó mejor que el general Colin Powell en declaraciones al diario El Mercurio de Chile el 21 de febrero 2003. Lo que dice sobre el país trasandino es perfectamente aplicable a la Argentina: “Sobre lo que ocurrió con el señor Allende, no es una parte de la Historia estadounidense de la que estemos orgullosos. Ahora tenemos una manera más responsable de tratar estas cuestiones. (…) EEUU ha trabajado con Chile para ayudarle a establecer una democracia formal. (…) A finales de los 80 hablé a oficiales de las Fuerzas Armadas chilenas sobre democracia y sobre la necesidad de tener gobiernos representativos elegidos en las urnas, (…) de cómo generales como ellos y como yo deben rendir cuentas antes la autoridad civil, de manera que incidentes o situaciones de ese tipo (el golpe de 1973) no vuelvan a ocurrir”. Es, simplemente, que las reglas del juego cambiaron, y algunos peones de épocas anteriores valen más para descartarlos que para conservarlos, siempre en el mejor interés de la burguesía y su único amo, el imperialismo.
El dilema del mejor alumno
Jorge Julio López era un ilustre desconocido para la gran mayoría de los argentinos antes de septiembre de 2006. Sólo un puñado de militantes de DDHH sabía que era uno de los querellantes contra el genocida Miguel Angel Etchecolatz, y que su testimonio, como el de otros sobrevivientes, sería angular para lograr la condena del comisario favorito de Camps. Un mes después de su desaparición, en cambio, su imagen y el reclamo de Aparición con Vida es omnipresente en afiches y pancartas de multitudinarias marchas protagonizadas por sectores antagónicos de la sociedad, en diarios, revistas y televisión, y nos sorprende en avisos oficiales, comisarías y patrulleros. El gobierno provincial de Felipe Solá inmediatamente se esforzó en posicionarse en el lugar de “víctima” de una “maniobra política de bandas mafiosa de ex policías residuales de la dictadura” y ofreció una recompensa importante a quien aportara datos del que llamó el “primer desaparecido de la democracia”.
Como ya ha ocurrido en casos similares, el gobierno nacional guardó silencio al principio, apostando a que el “problema” se disolviera en una cuestión exclusivamente local. Al aumentar la repercusión, instaladas ya las movilizaciones al centro del poder político nacional, y después del blooper de Aníbal Fernández sugiriendo que López “podría estar en la casa de una tía”, Kirchner y sus operadores salieron a disputar a Solá el podio de “víctima” de la maniobra, señalando como sus perpetradores a la “derecha”, que pretendería con este crimen “quebrar nuestra política de derechos humanos y hacer retroceder los juicios y las condenas a los genocidas”.
En esa “derecha” cada vocero gubernamental incluye a quien más le gusta, desde Cecilia Pando a Joaquín Morales Solá, pasando por Juan Carlos Blumberg o Mariano Grondona; y ya que están, como después de todo es año electoral, junto a Macri o López Murphy algunos suman a Lilita Carrió y al propio Solá.
En el discurso catastrofista que augura riesgo de golpe de estado y anuncia presiones para lograr nuevos indultos o puntos finales, es central el rol jugado por los organismos de DDHH aliados al gobierno, que invocando sus años de lucha contra el terrorismo de estado, y con el eje común de que atacar al gobierno facilita las cosas para la “derecha”, han ensayado diversas tácticas para que la movilización popular por la aparición con vida aparezca como un reclamo conjunto del gobierno y los distintos “sectores y organismos de la sociedad civil”. Como viene sucediendo, convertida en sosias femenino y con pañuelo del alcahuete D’Elía, apareció Hebe Pastor de Bonafini, que en su desesperación por defender a su jefe no dudó hasta en responsabilizar por la desaparición… al desaparecido.
En resumen, por una parte el gobierno y sus aliados acusan a la “derecha troglodita”, a los “nostálgicos de la dictadura”, a la “mano de obra desocupada”, a los “resabios del autoritarismo”, etc., de conspirar para frenar los juicios y evitar las seguras condenas que esperan a los responsables del genocidio que todavía no murieron de muerte natural. Por la otra, de la supuesta “oposición” surgen voces que, como cuando fueron sancionados algunos militares en actividad cerca del 24 de marzo, plantean que la desaparición de Julio López es la consecuencia de una errada política “izquierdista” que avivó viejos fuegos y reabrió heridas en vías de consolidación, haciendo trizas el camino de reconciliación de la sociedad argentina. El discurso de la “presión de la derecha para impedir los juicios” es también desarrollado por organizaciones de izquierda, que al adoptar esa posición terminan en el disparate de que una cosa es el estado, y otra su aparato represivo, que estaría “fuera de control”. Así explican su presencia en movilizaciones convocadas y dirigidas por el propio gobierno.
Cuando en El Revolucionario nº 14 analizamos la política militar del kirchnerismo, dijimos: “Esta posición, en la que insistimos, confluyen por igual ex montoneros como Verbitsky, Bonasso y Garré con los voceros de las FFAA Grondona, Jaunarena o Fraga, tiene por objeto tender un manto de silencio sobre los motivos que llevaron al golpe del 76 y su posterior reconversión democrática del 83, ambos planificados tácticamente por el Departamento de Estado yanqui. Presentar el golpe como una aventura trasnochada de un puñado de generales, brigadieres y almirantes, y su retirada en 1983 como conjunción del desgaste militar a raíz de sus errores, especialmente en Malvinas, con el “triunfo democrático” del pueblo argentino que recuperó sus instituciones, sirve a unos y otros para ocultar que tanto el inicio como el fin de la dictadura fueron dirigidos desde EEUU, que a fines de los 80 empezó a delinear una renovación de su estrategia hacia terceros países, en particular en América Latina, uno de cuyos objetivos es consolidar las democracias representativas y garantizar la gobernabilidad democrática. Como buenos parásitos que son, y por más pujas internas que tengan, todos los burgueses argentinos defienden ante todo los intereses de su amo imperialista.”
Usados y abandonados
La derrota electoral del peronismo en 1983 causó alguna zozobra en los militares y sus cómplices civiles, pues el alfonsinismo había hecho campaña prometiendo la derogación inmediata de la ley de autoamnistía de Reynaldo Bignone. El peronismo, en cambio, se había comprometido una y otra vez, por boca de su candidato Italo Argentino Luder, a respetarla, simple muestra de la histórica buena relación entre el PJ y los uniformados argentinos, lo que el alfonsinismo llamó “pacto sindical-militar”. La promesa radical de juicio y castigo se materializó en el juicio a las juntas, precedido por un intenso debate acerca de sus alcances. Finalmente triunfó la tesis del “juicio chico”, limitado a los integrantes de las tres primeras juntas, y sólo por un número muy reducido de delitos, lo que, complementado luego con las instrucciones del P. E. N. a los fiscales, las leyes de obediencia debida y el punto final, convirtieron lo que fue expectativa de justicia en una parodia a la que los indultos menemistas pusieron el moño.
De esa forma, militares y civiles implicados en la represión durante la dictadura vivieron en relativa calma durante dos décadas, sólo importunados de vez en cuando por algún escrache en el que los cordones y vallados policiales los protegían del repudio popular.
En el último lustro de la década del 90, al amparo de la tesis de la jurisdicción internacional para delitos de lesa humanidad impunes en su lugar de comisión, el juez español Baltazar Garzón Real dio inicio a las causas contra represores argentinos y chilenos, mientras con la misma pluma que ordenaba la detención de Pinochet admitía como prueba válida las confesiones arrancadas bajo la tortura a los militantes independentistas vascos. La resistencia del gobierno peronista de Menem a colaborar con las causas españolas ayudó a que la justicia argentina admitiera el trámite de algunas causas llamadas “juicios de la verdad”, porque sus promotores, frente a la imposibilidad de obtener condenas penales, alegaron el derecho de las víctimas y sus familiares a probar testimonialmente lo ocurrido. Pronto se detectaron algunos nichos que permitían la persecución penal por delitos no alcanzados por las leyes de impunidad y no incluidos en la condena a los comandantes de la Causa 13, como el secuestro y sustitución de identidad de hijos de desaparecidos. A mediados de 1998 Jorge Rafael Videla era detenido por ese delito, generando olas de aplausos de los mismos que hoy apoyan a Kirchner para el juez Marquevich, heredero del peronista Piotti en el juzgado federal de San Isidro, cuyo “valor llave” se calcula en cientos de miles de dólares pues tiene jurisdicción en el narcotráfico y otros delitos federales como el contrabando de autopartes desde la Gral. Paz hasta el Delta del Tigre y desde Pilar hasta Polvorines.
Se aceleró el proceso primero con la declaración judicial de nulidad de las leyes de impunidad y finalmente con su anulación parlamentaria, ya en tiempos kirchneristas. Hoy, además de doscientos y pico de militares presos con alta posibilidad de seguir la suerte del Turco Simón y Etchecolatz, tramitan en todo el país causas variadas en las que los sectores más avanzados de los organismos de DDHH apuntan a enmarcar los delitos comunes en la figura de genocidio cometido por el estado, y a unificar los hechos individuales litigando megacausas por centro clandestino de detención o por cuerpo de las FFAA.
En este panorama plagado de contradicciones interactúa el propio gobierno, que se ha constituido como querellante en algunas causas, y que junto a sus defensores y aliados sostiene la idea de que es su decidida defensa de los DDHH la que, al impulsar los juzgamientos y condenas, ha hecho que se reagrupe la “derecha” militar y promilitar para atacarlo, y en ese marco ubican como acción dirigida contra el propio gobierno la desaparición de Jorge Julio López. No pocas organizaciones de izquierda, equivocando por completo el análisis, formulan juicios más o menos parecidos, alertando sobre un avance fascista y promoviendo frentes policlasistas frente al “enemigo común”.
Lo que unos ocultan y otros no ven es que en todo el desarrollo que hemos intentado resumir, desde el apogeo de la represión procesista hasta la condena a Etchecolatz, hay un solo amo que ordena y dirige a la burguesía argentina: el imperialismo, que al modificar el rumbo de su política exterior ocasiona el cambio de dirección de las políticas en los países semicoloniales. Ninguna de las iniciativas enumeradas ha sido ajena a la política del departamento de estado yanqui, que así como en los ‘70 prohijó (cuando no instaló directamente) las dictaduras, dio un cambio de timón en los ‘80, profundizado en las dos décadas posteriores, no porque considerara erróneo lo actuado hasta allí, sino porque en esa etapa esa era la vía más apta para asegurar la acumulación de capital y su mayor rentabilidad. Esto explica lo que los manifestantes de Plaza San Martín no entienden: porqué los mismos que ayer los usaron para “aniquilar la subversión” hoy los abandonan y, peor aún, los persiguen.
El único amo de la burguesía
En 1823 el presidente yanqui James Monroe enunció la doctrina que desde entonces lleva su nombre, y que se suele sintetizar en la consigna “América para los americanos”. Donde dice América hay que entender todo el continente, y donde dice americanos, sólo los del norte, pues la esencia del concepto es la definición de “intereses norteamericanos” cuya afectación, en cualquier lugar de Alaska a Tierra del Fuego, justifica la intervención estadounidense.
En 1904 el presidente Teodoro Roosevelt completó la Doctrina Monroe, extendiendo su alcance a todo el hemisferio occidental, y definiendo a EEUU como el gendarme internacional: “La injusticia crónica o la importancia que resultan de un relajamiento general de las reglas de una sociedad civilizada pueden exigir a fin de cuentas, en América o fuera de ella, la intervención de una nación civilizada y, en el hemisferio occidental, la adhesión de los Estados Unidos a la doctrina de Monroe puede obligar a los Estados Unidos, aunque en contra de sus deseos, en casos flagrantes de injusticia o de impotencia, a ejercer un poder de policía internacional".
Entre los siglos XIX y XX se contabilizan unas 10.000 intervenciones armadas de EEUU en países del continente americano, desde la anexión de territorio mexicano en 1846 hasta la invasión a Panamá en 1989. Iniciativas como la Escuela de las Américas fueron clave para dar a los militares latinoamericanos una formación común, con la “defensa de los intereses continentales” (es decir, yanquis) como eje central, mientras otras como la Alianza para el Progreso apuntaban más a disciplinar los estamentos políticos.
EEUU usó en este marco incursiones militares abiertas (Puerto Rico, Granada, Panamá); operaciones militares encubiertas (Nicaragua, Honduras, El Salvador), o dirigió golpes de estado protagonizados por militares locales, como en Guatemala, Brasil, Chile y Argentina.
Las luchas continentales antiimperialistas, en muchos casos orientadas hacia el socialismo, tuvieron entre los ’60 y ’70 un marcado desarrollo, impulsadas decisivamente por el triunfo de la revolución cubana, y la contraofensiva yanqui, para fines de esa década, había instalado en casi todo el subcontinente dictaduras militares. Para los ’80, mientras se desenvolvía el proceso de la glasnost que culminaría con la destrucción del bloque soviético y la caída del muro al fin del decenio, EEUU adoptó una nueva estrategia hacia terceros países, que se propuso recurrir menos a la intervención militar directa y más a la imposición de principios rectores continentales entre los que la defensa de la “gobernabilidad democrática” y la “defensa de los derechos humanos” ocuparían un lugar de privilegio en el discurso, unidos indisolublemente a los criterios de libertad de mercado, libre cambio y libre circulación de mercancías en el continente.
Esa reconversión de la política exterior yanqui (concebida por ellos como verdadera política doméstica, en tanto involucra los famosos intereses nacionales y orientada por razones económicas) se tradujo en la inauguración de gobiernos formalmente democráticos, y en la abierta condena al terrorismo de estado y la política represiva de los gobiernos militares. En otras palabras, cada vez con mayor intensidad, en los foros internacionales palabras como “multilateralismo” y “cooperación” empezaron a hacerse centrales, junto a la condena a los regímenes autoritarios que los mismos yanquis habían impulsado y protegido décadas atrás. Si en los ’70 les sirvió promover los golpes militares y diagramar el Plan Cóndor, en los ’90 y hasta el presente aplauden el juzgamiento y condena de quienes fueron sus mejores alumnos y hoy son un lastre disponible.
El 1° de junio de 2002, en un discurso en la academia militar de West Point, lo explicaba así el presidente George W. Bush: “La naturaleza de la amenaza de la Guerra Fría requería de los EEUU (con nuestros amigos y aliados) enfatizar la disuasión del uso enemigo de la fuerza, produciendo una triste estrategia de segura mutua destrucción. Con el colapso de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría, nuestro encuadre de seguridad se ha transformado profundamente. (…) La gran lucha ha terminado. Las visiones militantes de clase, nación y raza que prometían utopía y entregaron miseria han sido vencidas y desacreditadas”. Y finalmente, dictaminaba: “La seguridad nacional estratégica de EEUU estará basada en un Internacionalismo Americano que refleje una distintiva unión de nuestros valores y nuestros intereses nacionales. (…) Nuestros objetivos en el camino hacia el progreso son claros: libertad política y económica, relaciones pacíficas con otros estados, y respeto para la dignidad humana”.
Es bien distinto este discurso de lo que El 7 de octubre de 1976 el entonces canciller Henry Kissinger decía a su par argentino, el almirante César Guzzetti, en una lujosa suite del Waldorf Astoria de Nueva York: “Nuestra actitud básica es que queremos que tengan éxito. Yo soy de convicciones chapadas a la antigua: creo que a los amigos hay que apoyarlos. Lo que no se entiende en Estados Unidos es que ustedes están pasando una guerra civil. Se lee acerca de los problemas de derechos humanos, pero no sobre el contexto. Cuánto antes tengan éxito, mejor. (…) No queremos causarles dificultades innecesarias. Si pueden terminar antes de que se reanuden las sesiones del Congreso, mejor”. O sea, repriman rápido y a fondo, que se viene el recambio de los republicanos por los demócratas con Carter y van a tener “dificultades innecesarias”. El informe de la CONADEP y otras reconstrucciones históricas de la cronología represiva del gobierno militar acreditan que la masacre de mayor envergadura tuvo lugar, precisamente, en esos meses previos a la inauguración del nuevo gobierno norteamericano. El periodista yanqui Martin Andersen publicaría en 1987 en el diario The Nation: “las ejecuciones en masa de prisioneros se convirtieron en un fenómeno generalizado sólo después del encuentro Kissinger-Guzzetti".
No fue ésta la primera conversación con los yanquis sobre la necesidad de llevar a fondo la política de exterminio en nuestro país. Desde mediados de 1975 el embajador en Buenos Aires, Robert Hill, descripto en su obituario como “experto en golpes de estado”, triangulaba las conversaciones entre las FFAA, la curia argentina y el departamento de estado yanqui, planificando el mejor momento para que los militares tomaran el poder. La principal preocupación yanqui en el intercambio de memos e informes es que su embajada no quedara tan “pegada” al golpe como tres años antes en Chile. Otros documentos desclasificados por el departamento de estado en 2002 prueban que con anterioridad al 24 de marzo Kissinger había dado su explícito apoyo al golpe, estimando necesaria la “eliminación” de por lo menos 9.000 personas en Argentina, cifra que los aplicados alumnos rioplatenses triplicarían.
El Plan Estratégico de Seguridad Nacional para EEUU presentado por el presidente Bush para el período 2005-2009 resume el cambio de estrategia: Sin abandonar en absoluto la idea de la “defensa de los intereses nacionales” en cualquier lugar del mundo, enfatiza el rol de EEUU como gendarme mundial de la libertad (de mercado) y de la lucha antiterrorista global, explicando que el desafío de la hora es garantizar la gobernabilidad democrática, y perseguir a los violadores de los DDHH (excepto los yanquis, que ahora hasta pueden torturar “legalmente”), pues de esa forma se garantiza mejor el desarrollo económico imperialista.
Los mejores alumnos, desorientados
Los dinosaurios que el kirchnerismo y sus amigos llaman “la derecha” que se estaría reagrupando, no son otra cosa que los abandonados mejores alumnos de aquella escuela setentista, que no comprenden cómo quienes los formaron, los incentivaron y les prometieron impunidad, se ponen ahora a la cabeza del reclamo de juicio y castigo y los meten presos. Del mismo modo, el repentino interés del peronismo kirchnerista por ser el abanderado de la defensa de los derechos humanos no es otra cosa que la obediencia, a pies juntillas, de los mandatos del imperio. Ayer la burguesía obedeció la orden de EEUU de dar el golpe y siguió su consejo de aniquilar en breve tiempo la mayor cantidad de compañeros posibles. Hoy responde a la directiva de soltar de la mano a los cuadros innecesarios, vejestorios inútiles que ninguna utilidad tienen y cuyo público sacrificio trae más rédito a la consolidación de la dominación que defenderlos como les habían prometido.
En uno y otro caso, la burguesía argentina obedece el mandato del amo imperial, firme en su servilismo que se traduce en oportunismo y traición para sus propios sirvientes, como los militares, a los que después de ensalzar como jefes de estado llamándolos “la reserva moral de la Patria”, hoy tratan como simples criminales. Nadie lo explicó mejor que el general Colin Powell en declaraciones al diario El Mercurio de Chile el 21 de febrero 2003. Lo que dice sobre el país trasandino es perfectamente aplicable a la Argentina: “Sobre lo que ocurrió con el señor Allende, no es una parte de la Historia estadounidense de la que estemos orgullosos. Ahora tenemos una manera más responsable de tratar estas cuestiones. (…) EEUU ha trabajado con Chile para ayudarle a establecer una democracia formal. (…) A finales de los 80 hablé a oficiales de las Fuerzas Armadas chilenas sobre democracia y sobre la necesidad de tener gobiernos representativos elegidos en las urnas, (…) de cómo generales como ellos y como yo deben rendir cuentas antes la autoridad civil, de manera que incidentes o situaciones de ese tipo (el golpe de 1973) no vuelvan a ocurrir”. Es, simplemente, que las reglas del juego cambiaron, y algunos peones de épocas anteriores valen más para descartarlos que para conservarlos, siempre en el mejor interés de la burguesía y su único amo, el imperialismo.