El gobierno de Cristina Fernández sigue volcando todos sus esfuerzos al sostenimiento de la recaudación fiscal para poder cumplir con los crecientes pagos de la deuda externa. Después del traspié en su intento de imponer las retenciones móviles a las exportaciones, agravado por la fuerte caída de los precios de los commodities, el kirchnerismo avanzó con la estatización de las jubilaciones.
El Revolucionario Nº42 (Diciembre de 2008)
En los últimos dos años, el gobierno ha multiplicado las medidas destinadas a aumentar la recaudación fiscal. En 2007, por ejemplo, las retenciones a las exportaciones subieron progresivamente, cerrando el año con un aumento de entre el 5 y el 10% que, con precios en permanente alza por esos días, fueron un aporte fundamental para mantener el superávit. En el mismo sentido, todavía durante el gobierno de Néstor Kirchner, se aplicó la opción de libre traspaso del sistema de jubilaciones privado (AFJP) al sistema estatal de reparto. Así, se invirtieron los términos anteriores, estableciendo que cada trabajador que no hiciera opción por ninguno de los dos sistemas, entraría directamente en el estatal. Pero la millonaria suma que ingresó por este traspaso tampoco fue suficiente. Ya en 2008, hay que agregar a la lista, el intento de aplicación de las retenciones móviles a través del cual el gobierno pensaba contar con u$s1.500 millones adicionales, y la reestatización completa de las AFJP. Esta última medida, aprobada con bombos y platillos por los legisladores, representa para las cuentas del kirchnerismo un ingreso de $90.000 millones por el traspaso de los fondos jubilatorios, sumado a un estimado de $15.000 millones por la recaudación de los aportes en 2009. También se agrega la reciente prórroga del impuesto al cheque, vigente ya por séptimo año consecutivo, junto con la ley de emergencia económica, que aporta aproximadamente $20.000 millones. Finalmente, el blanqueo de capitales y la moratoria impositiva para los empresarios(1).
Claro que la recaudación fiscal se sostiene también sobre otra serie de factores mucho menos publicitados y que recaen fuertemente sobre los trabajadores. En primer lugar, el IVA. Este impuesto es la principal fuente de ingresos fiscales, incluso por encima de las retenciones a las exportaciones. La sostenida política de aumento de precios, con la cual se benefician empresarios y gobierno, permite el crecimiento mensual de la recaudación de este impuesto. Por otra parte, los recientes aumentos a los servicios, como electricidad, gas, transporte, también contribuyen en este sentido, aliviando, en parte, el pago de los millonarios subsidios que el gobierno desembolsa para garantizar las también millonarias ganancias de los empresarios del sector. Y si de ahorrar se trata, siempre están en primer lugar, para ser recortados, los presupuestos de educación y salud, cada vez más insuficientes teniendo en cuenta la permanente inflación.
El superávit fiscal y comercial fue presentando por el gobierno como un avance de la economía nacional, intentando generar la idea de que esta política era beneficiosa para “la sociedad en su conjunto”. “Redistribución de la riqueza”, “lucha contra la oligarquía y las políticas neoliberales de los ’90”, “fomento de la industria nacional”, son algunos de los argumentos que el gobierno ha utilizado y utiliza para darle una fachada popular a todas las recientes medidas destinadas a aumentar la recaudación fiscal. No es necesario hacer una gran investigación para ver que ninguna se ha traducido en mejoras en las condiciones de vida de los trabajadores. Otro es su denominador común: el aumento de la caja oficial para poder saldar el pago de la deuda y sus intereses. Lo que “sobra”, una vez garantizado “el cumplimiento de las obligaciones externas”, es para seguir alimentando los millonarios negocios de los Kirchner, los Jaime, los De Vido...
El año próximo, los vencimientos de la deuda rondan los u$s14.000 millones, de los cuales u$s4.000 son intereses. El gobierno, pues, hace cuentas para poder seguir pagando, frente a un panorama que ya muestra una reducción de los ingresos por la fuerte caída en los precios de las materias primas que nuestro país exporta. A esto suma los crecientes gastos de aparato en un año electoral, en el cual el kirchnerismo también deberá seguir echando mano a la caja para poder consolidar alianzas y mantener adeptos bajo su órbita.
Nada de todo este aumento de la recaudación vuelve a los trabajadores. Por el contrario, todo se convierte en mayor ajuste para seguir garantizando, incluso en la situación actual de crisis, el superávit fiscal. Engordar la caja para poder cumplir puntualmente con los vencimientos de la deuda. Ése es el plan del gobierno.
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NOTAS:
1) Ver “El plan anticrisis del kirchnerismo” en esta edición.
En los últimos dos años, el gobierno ha multiplicado las medidas destinadas a aumentar la recaudación fiscal. En 2007, por ejemplo, las retenciones a las exportaciones subieron progresivamente, cerrando el año con un aumento de entre el 5 y el 10% que, con precios en permanente alza por esos días, fueron un aporte fundamental para mantener el superávit. En el mismo sentido, todavía durante el gobierno de Néstor Kirchner, se aplicó la opción de libre traspaso del sistema de jubilaciones privado (AFJP) al sistema estatal de reparto. Así, se invirtieron los términos anteriores, estableciendo que cada trabajador que no hiciera opción por ninguno de los dos sistemas, entraría directamente en el estatal. Pero la millonaria suma que ingresó por este traspaso tampoco fue suficiente. Ya en 2008, hay que agregar a la lista, el intento de aplicación de las retenciones móviles a través del cual el gobierno pensaba contar con u$s1.500 millones adicionales, y la reestatización completa de las AFJP. Esta última medida, aprobada con bombos y platillos por los legisladores, representa para las cuentas del kirchnerismo un ingreso de $90.000 millones por el traspaso de los fondos jubilatorios, sumado a un estimado de $15.000 millones por la recaudación de los aportes en 2009. También se agrega la reciente prórroga del impuesto al cheque, vigente ya por séptimo año consecutivo, junto con la ley de emergencia económica, que aporta aproximadamente $20.000 millones. Finalmente, el blanqueo de capitales y la moratoria impositiva para los empresarios(1).
Claro que la recaudación fiscal se sostiene también sobre otra serie de factores mucho menos publicitados y que recaen fuertemente sobre los trabajadores. En primer lugar, el IVA. Este impuesto es la principal fuente de ingresos fiscales, incluso por encima de las retenciones a las exportaciones. La sostenida política de aumento de precios, con la cual se benefician empresarios y gobierno, permite el crecimiento mensual de la recaudación de este impuesto. Por otra parte, los recientes aumentos a los servicios, como electricidad, gas, transporte, también contribuyen en este sentido, aliviando, en parte, el pago de los millonarios subsidios que el gobierno desembolsa para garantizar las también millonarias ganancias de los empresarios del sector. Y si de ahorrar se trata, siempre están en primer lugar, para ser recortados, los presupuestos de educación y salud, cada vez más insuficientes teniendo en cuenta la permanente inflación.
El superávit fiscal y comercial fue presentando por el gobierno como un avance de la economía nacional, intentando generar la idea de que esta política era beneficiosa para “la sociedad en su conjunto”. “Redistribución de la riqueza”, “lucha contra la oligarquía y las políticas neoliberales de los ’90”, “fomento de la industria nacional”, son algunos de los argumentos que el gobierno ha utilizado y utiliza para darle una fachada popular a todas las recientes medidas destinadas a aumentar la recaudación fiscal. No es necesario hacer una gran investigación para ver que ninguna se ha traducido en mejoras en las condiciones de vida de los trabajadores. Otro es su denominador común: el aumento de la caja oficial para poder saldar el pago de la deuda y sus intereses. Lo que “sobra”, una vez garantizado “el cumplimiento de las obligaciones externas”, es para seguir alimentando los millonarios negocios de los Kirchner, los Jaime, los De Vido...
El año próximo, los vencimientos de la deuda rondan los u$s14.000 millones, de los cuales u$s4.000 son intereses. El gobierno, pues, hace cuentas para poder seguir pagando, frente a un panorama que ya muestra una reducción de los ingresos por la fuerte caída en los precios de las materias primas que nuestro país exporta. A esto suma los crecientes gastos de aparato en un año electoral, en el cual el kirchnerismo también deberá seguir echando mano a la caja para poder consolidar alianzas y mantener adeptos bajo su órbita.
Nada de todo este aumento de la recaudación vuelve a los trabajadores. Por el contrario, todo se convierte en mayor ajuste para seguir garantizando, incluso en la situación actual de crisis, el superávit fiscal. Engordar la caja para poder cumplir puntualmente con los vencimientos de la deuda. Ése es el plan del gobierno.
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NOTAS:
1) Ver “El plan anticrisis del kirchnerismo” en esta edición.