El gobierno de los Kirchner continúa con su política de destrucción de la educación pública.
El Revolucionario Nº30 (Noviembre de 2007)
Así como en la salud o como en el conjunto de las políticas públicas, la educación ha sufrido un enorme recorte presupuestario. De la mano del kirchnerismo, el presupuesto educativo continúa siendo miserable. Éste, ha sido uno de los mejores continuadores de la privatización y el hundimiento de la educación pública.
Las escuelas se caen a pedazos; ante la pobreza, muchas se han convertido prácticamente en comedores; los sueldos de los docentes no cubren ni por cerca la canasta básica... El panorama es cada vez peor y cuando hay organización y lucha por una mejor educación, la respuesta del gobierno sigue siendo la represión (ver “El traspaso del garrote”). Algunos de los casos más recientes son el fusilamiento de Carlos Fuentealba por parte de la policía en Neuquén o la militarización y las patoteadas que sufrieron los docentes santacruceños directamente por parte de funcionarios gubernamentales.
Con la aprobación de la nueva Ley de Educación han garantizado la vigencia de la Ley Federal menemista, cambiando alguna que otra coma, para dejar intacta la política de vaciamiento presupuestario y la participación de las empresas en gran parte del financiamiento para abastecerse de mano de obra barata en nombre de las pasantías y para imponer sus planes de estudio y formación.
El acceso a la educación, en cualquiera de sus niveles, es cada vez más difícil. Con los bajos salarios y la inflación, una familia no puede cubrir los gastos básicos que implica la escolarización de sus hijos como la vestimenta, los útiles, el transporte. Muchos ya ni siquiera cubren los gastos de alimentación y salud. Los chicos van a comer y por lo tanto es imposible que mantengan su atención en el aprendizaje. Los chicos viven enfermos por la falta de una buena alimentación y atención médica, por ende pierden gran parte del ciclo escolar. Y a estos problemas, que atentan contra la educación, hay que sumar la desocupación que golpea fuertemente en las familias y la droga como mecanismo de control social en los barrios.
Sobre esta realidad, quieren hacernos creer que el problema educativo es porque los docentes no garantizan la cantidad de días de clases necesarios. Para esto, el gobierno, acordando con la burocracia de CTERA, aprobó la ley de los 180 días que restringe a los docentes su derecho al paro. Lo cierto es que el problema esencial sigue siendo presupuestario.
En el caso de la Universidad de Buenos Aires, una de las más importantes del país, este recorte presupuestario también es realmente notable. Hay un gran porcentaje de docentes que trabajan ad honorem, lo que significa que para vivir tengan que trabajar en otro lado o de otra cosa, no pudiendo dedicar el tiempo necesario a preparar clases, investigar, perfeccionarse (eso sí, según el gobierno, si el nivel educativo es bajo es porque los docentes hacen paro). Esto, muchas veces, trae con frecuencia un cierto perfil de docentes en la universidad: intelectuales absolutamente despegados de la realidad, comprometidos en la defensa del sistema y que pueden desempeñarse en esas condiciones debido a su situación material.
Por otro lado, las condiciones de la mayoría de las facultades son deplorables: hacinamiento de las aulas, techos que se caen, pisos que se inundan, baños sin capacidad para el uso de tanta gente. A esto se suma la falta de recursos exclusivos para el estudio y la investigación: las bibliotecas están desmanteladas, no hay materiales suficientes en los laboratorios, los médicos hacen prácticas (cuando logran conseguir un lugar) en hospitales que no tienen ni algodón.
Toda esta situación es parte de un ataque sistemático a los derechos básicos del pueblo para allanar el terreno a la clase dominante. Sometiendo al pueblo trabajador a vivir en las peores condiciones (sin viviendas, sin educación, sin hospitales y sin trabajo dignos) buscan la docilidad y, con ella, la creciente explotación.
Es imprescindible la lucha contra la destrucción de la educación pública, independiente de las direcciones gremiales burocráticas y de las iniciativas privadas de las empresas cuyo único objetivo es el aumento de sus ganancias.
Esta lucha es una más que debemos dar por la transformación de esta sociedad y en la defensa de los intereses del pueblo.
Así como en la salud o como en el conjunto de las políticas públicas, la educación ha sufrido un enorme recorte presupuestario. De la mano del kirchnerismo, el presupuesto educativo continúa siendo miserable. Éste, ha sido uno de los mejores continuadores de la privatización y el hundimiento de la educación pública.
Las escuelas se caen a pedazos; ante la pobreza, muchas se han convertido prácticamente en comedores; los sueldos de los docentes no cubren ni por cerca la canasta básica... El panorama es cada vez peor y cuando hay organización y lucha por una mejor educación, la respuesta del gobierno sigue siendo la represión (ver “El traspaso del garrote”). Algunos de los casos más recientes son el fusilamiento de Carlos Fuentealba por parte de la policía en Neuquén o la militarización y las patoteadas que sufrieron los docentes santacruceños directamente por parte de funcionarios gubernamentales.
Con la aprobación de la nueva Ley de Educación han garantizado la vigencia de la Ley Federal menemista, cambiando alguna que otra coma, para dejar intacta la política de vaciamiento presupuestario y la participación de las empresas en gran parte del financiamiento para abastecerse de mano de obra barata en nombre de las pasantías y para imponer sus planes de estudio y formación.
El acceso a la educación, en cualquiera de sus niveles, es cada vez más difícil. Con los bajos salarios y la inflación, una familia no puede cubrir los gastos básicos que implica la escolarización de sus hijos como la vestimenta, los útiles, el transporte. Muchos ya ni siquiera cubren los gastos de alimentación y salud. Los chicos van a comer y por lo tanto es imposible que mantengan su atención en el aprendizaje. Los chicos viven enfermos por la falta de una buena alimentación y atención médica, por ende pierden gran parte del ciclo escolar. Y a estos problemas, que atentan contra la educación, hay que sumar la desocupación que golpea fuertemente en las familias y la droga como mecanismo de control social en los barrios.
Sobre esta realidad, quieren hacernos creer que el problema educativo es porque los docentes no garantizan la cantidad de días de clases necesarios. Para esto, el gobierno, acordando con la burocracia de CTERA, aprobó la ley de los 180 días que restringe a los docentes su derecho al paro. Lo cierto es que el problema esencial sigue siendo presupuestario.
En el caso de la Universidad de Buenos Aires, una de las más importantes del país, este recorte presupuestario también es realmente notable. Hay un gran porcentaje de docentes que trabajan ad honorem, lo que significa que para vivir tengan que trabajar en otro lado o de otra cosa, no pudiendo dedicar el tiempo necesario a preparar clases, investigar, perfeccionarse (eso sí, según el gobierno, si el nivel educativo es bajo es porque los docentes hacen paro). Esto, muchas veces, trae con frecuencia un cierto perfil de docentes en la universidad: intelectuales absolutamente despegados de la realidad, comprometidos en la defensa del sistema y que pueden desempeñarse en esas condiciones debido a su situación material.
Por otro lado, las condiciones de la mayoría de las facultades son deplorables: hacinamiento de las aulas, techos que se caen, pisos que se inundan, baños sin capacidad para el uso de tanta gente. A esto se suma la falta de recursos exclusivos para el estudio y la investigación: las bibliotecas están desmanteladas, no hay materiales suficientes en los laboratorios, los médicos hacen prácticas (cuando logran conseguir un lugar) en hospitales que no tienen ni algodón.
Toda esta situación es parte de un ataque sistemático a los derechos básicos del pueblo para allanar el terreno a la clase dominante. Sometiendo al pueblo trabajador a vivir en las peores condiciones (sin viviendas, sin educación, sin hospitales y sin trabajo dignos) buscan la docilidad y, con ella, la creciente explotación.
Es imprescindible la lucha contra la destrucción de la educación pública, independiente de las direcciones gremiales burocráticas y de las iniciativas privadas de las empresas cuyo único objetivo es el aumento de sus ganancias.
Esta lucha es una más que debemos dar por la transformación de esta sociedad y en la defensa de los intereses del pueblo.