EDITORIAL: MEDIA DÉCADA DE ENTREGA, AJUSTE Y REPRESIÓN
El Revolucionario Nº36 (Junio de 2008)
El gobierno encabezado ahora por la sucesora presidencial, Cristina Fernández, reafirma el rol del país como productor y exportador de materias primas y, con él, el carácter de dependencia y atraso nacional. Esto es así, a pesar de la disputa con los empresarios del campo que ocupa la tapa de todos los diarios desde hace más de dos meses.
El debate entre las cámaras empresariales del agro y el gobierno nacional tiene un tratamiento de lujo en los medios de comunicación. Por eso repercuten masivamente los argumentos de una y otra banda de capitalistas. Por estos días tuvo un lugar destacado la acusación cruzada, por lo demás cierta, de golpistas. La hipocresía es la estrella: de un lado, la Sociedad Rural promotora de cuanto golpe de estado hubo en el país, del otro, el gobierno del PJ, el partido de los milicos y los indultos.
Completamente opuesto es el trato que le otorga la prensa a los conflictos obreros. La huelga petrolera en el sur del país, con casi la misma extensión en el tiempo, no ha ocupado el lugar privilegiado que le otorgan a los empresarios del campo. Es más, prácticamente no ha trascendido, lo mismo que ocurre con el resto de las muchas luchas de los trabajadores.
Con este marco, y en medio de la profundización de la crisis energética, se cumplieron cinco años de gobierno kirchnerista.
Cinco años de continuo superávit fiscal con el fin primordial de pagar los vencimientos de la deuda externa, sin dudar en cancelarla en efectivo y por adelantado.
Cinco años de sostenida inflación, de pérdida del poder de compra del salario, de obligado ajuste para el pueblo.
Cinco años de represión gubernamental a la clase trabajadora, ya con la policía, ya con la prefectura, ya con la gendarmería, pero también con las patotas sindicales.
En esta media década, el gobierno de los Kirchner, el que iba a llevar adelante la “nueva política”, como era de esperarse, volvió a las fuentes peronistas: el PJ y la CGT. Se encargó, además, de recomponer la “gobernabilidad democrática” para legitimar estos años de entrega, ajuste y represión.
El gobierno encabezado ahora por la sucesora presidencial, Cristina Fernández, reafirma el rol del país como productor y exportador de materias primas y, con él, el carácter de dependencia y atraso nacional. Esto es así, a pesar de la disputa con los empresarios del campo que ocupa la tapa de todos los diarios desde hace más de dos meses.
El debate entre las cámaras empresariales del agro y el gobierno nacional tiene un tratamiento de lujo en los medios de comunicación. Por eso repercuten masivamente los argumentos de una y otra banda de capitalistas. Por estos días tuvo un lugar destacado la acusación cruzada, por lo demás cierta, de golpistas. La hipocresía es la estrella: de un lado, la Sociedad Rural promotora de cuanto golpe de estado hubo en el país, del otro, el gobierno del PJ, el partido de los milicos y los indultos.
Completamente opuesto es el trato que le otorga la prensa a los conflictos obreros. La huelga petrolera en el sur del país, con casi la misma extensión en el tiempo, no ha ocupado el lugar privilegiado que le otorgan a los empresarios del campo. Es más, prácticamente no ha trascendido, lo mismo que ocurre con el resto de las muchas luchas de los trabajadores.
Con este marco, y en medio de la profundización de la crisis energética, se cumplieron cinco años de gobierno kirchnerista.
Cinco años de continuo superávit fiscal con el fin primordial de pagar los vencimientos de la deuda externa, sin dudar en cancelarla en efectivo y por adelantado.
Cinco años de sostenida inflación, de pérdida del poder de compra del salario, de obligado ajuste para el pueblo.
Cinco años de represión gubernamental a la clase trabajadora, ya con la policía, ya con la prefectura, ya con la gendarmería, pero también con las patotas sindicales.
En esta media década, el gobierno de los Kirchner, el que iba a llevar adelante la “nueva política”, como era de esperarse, volvió a las fuentes peronistas: el PJ y la CGT. Se encargó, además, de recomponer la “gobernabilidad democrática” para legitimar estos años de entrega, ajuste y represión.