El Revolucionario Nº35 (Mayo de 2008)
El sistema, interesado en conservar el estado actual de cosas, recurre necesariamente a la represión. Ésa es su esencia, más allá del gobierno que lo regentea. Y cuando tortura o asesina (en manifestaciones populares, en cárceles y comisarías, a través del gatillo fácil o la patota, etc.) se las ingenia para salvar a su funcionario ejecutor del crimen o soltarle la mano, cuando el hecho cobra demasiada repercusión. Entonces explica la situación como si se tratara de “excesos individuales”, de “personas díscolas”, intentando, así, ocultar su responsabilidad institucional, procurando deslindar el poder político que da la orden y el contexto social en que ejecuta la muerte.
Tal es el caso (por nombrar el más reciente en manifestaciones populares) del docente Fuentealba, de cuyo fusilamiento se cumplió un año en abril de 2008. La justicia no hizo lugar al pedido de ATEN, el sindicato neuquino, para presentarse como querellante en la causa; sólo admitió a Sandra Rodríguez, su esposa. Asimismo, tampoco están presos los funcionarios que ordenaron la represión, sino únicamente el policía que gatilló sobre la nuca del maestro: el cabo Poblete. De este modo, la causa se enmarca jurídicamente en un homicidio calificado, es decir, en un delito común, en que uno mata a otro, y no como lo que es: un crimen de estado en el que su gobierno decidió reprimir la protesta social de trabajadores que reclaman sus derechos.
En conclusión, el estado mata, se deshace de su responsabilidad institucional en el asesinato, e intenta ocultar el evidente contenido de clase de su represión.
El sistema, interesado en conservar el estado actual de cosas, recurre necesariamente a la represión. Ésa es su esencia, más allá del gobierno que lo regentea. Y cuando tortura o asesina (en manifestaciones populares, en cárceles y comisarías, a través del gatillo fácil o la patota, etc.) se las ingenia para salvar a su funcionario ejecutor del crimen o soltarle la mano, cuando el hecho cobra demasiada repercusión. Entonces explica la situación como si se tratara de “excesos individuales”, de “personas díscolas”, intentando, así, ocultar su responsabilidad institucional, procurando deslindar el poder político que da la orden y el contexto social en que ejecuta la muerte.
Tal es el caso (por nombrar el más reciente en manifestaciones populares) del docente Fuentealba, de cuyo fusilamiento se cumplió un año en abril de 2008. La justicia no hizo lugar al pedido de ATEN, el sindicato neuquino, para presentarse como querellante en la causa; sólo admitió a Sandra Rodríguez, su esposa. Asimismo, tampoco están presos los funcionarios que ordenaron la represión, sino únicamente el policía que gatilló sobre la nuca del maestro: el cabo Poblete. De este modo, la causa se enmarca jurídicamente en un homicidio calificado, es decir, en un delito común, en que uno mata a otro, y no como lo que es: un crimen de estado en el que su gobierno decidió reprimir la protesta social de trabajadores que reclaman sus derechos.
En conclusión, el estado mata, se deshace de su responsabilidad institucional en el asesinato, e intenta ocultar el evidente contenido de clase de su represión.