Represión a los trabajadores, gatillo fácil, leyes más represoras y rearme policial: Cristina Fernández, Daniel Scioli, Mauricio Macri y el resto de los gobernadores cumplen con su obligación de reprimir al pueblo para garantizar que los explotadores sigan aumentando sus ganancias.
El Revolucionario Nº33 (Marzo de 2008)
Los cuatro años y medio de gobierno de Néstor Kirchner nos dejaron 850 muertos por el gatillo fácil y la tortura1; un sostenido incremento de la represión a militantes y organizaciones, con record de presos políticos; constantes ataques a los trabajadores organizados por fuera de las burocracias sindicales, con el concurso de patotas oficiales complementando el accionar de las fuerzas de seguridad y un compendio nunca visto de leyes represoras, incluyendo las llamadas “antiterroristas”, cumpliendo el mandato del amo yanqui. También nos dejaron un discurso “progresista” en materia de derechos humanos, cuidadosamente limitado a los hechos de hace tres décadas o más, que junto al impulso oficial a los juicios contra aquellos represores sirvió, fundamentalmente, para dar un marco de legitimidad al gobierno y sus instituciones. Kirchner logró, a costa de entregar un puñado de viejos milicos que a esta altura de poco sirven a la burguesía, convencer a propios y extraños que era el “gobierno de los derechos humanos”. Y por lo tanto, no se lo podía acusar de represor... Caló tan hondo la jugada, que algunos insisten todavía en señalar el “doble discurso”, sin ver que la llamada “política de derechos humanos” de Kirchner es parte (y parte importante) de su política represiva, “que le permite reprimir más que ninguno de sus antecesores al compás de los aplausos del coro de vencidos y conversos”2.
Por el mismo camino avanzan la nueva presidenta y todos y cada uno de los gobernadores que asumieron a fin de 2007. En materia de gatillo fácil y tortura, en el primer mes del año hubo no menos de quince asesinatos en distintos lugares del país. Hemos visto, en el mes y medio que lleva el nuevo gobierno, cómo fueron reprimidos los trabajadores del INDEC, del Casino flotante, de Pagoda, de Mafissa, de la línea 60, los vecinos cordobeses que se opusieron a un aumento del 33% del boleto de colectivo, los cartoneros en Belgrano, etc.
Con el repetido argumento de la “inseguridad”, aumentan los presupuestos policiales y el número de efectivos. Se reforman códigos y leyes para dar más facultades a la policía, como reconocer legalmente que puedan interrogar “sospechosos” (lo que, tortura mediante, jamás dejaron de hacer), al tiempo que, una y otra vez, se comprueba que no hay modalidad delictual a la que resulten ajenos policías y otros esbirros de uniforme.
En la ciudad de Buenos Aires, la pelea es por quién va a dirigir a la policía federal, lo que incluye su jugosa caja. Federico Pinedo, hombre de confianza de Macri como su antepasado homónimo lo era del general Justo, lo reconoció en una entrevista radial: “La disputa es sobre quién va a ser el jefe de la policía, si Aníbal Fernández o Mauricio Macri, al que la gente votó para eso”. Bien clarito. El asunto pasa, exclusivamente, por tener la dirección política de la PFA. Mientras siguen mostrándose los dientes, la presidenta festejó su cumpleaños regalando 500 vehículos de distinto tipo, todos 0km, a la federal, y Macri da los primeros pasos en su Plan B, generar su propio cuerpo policial. Pero la violenta represión ordenada por el gobierno de la ciudad y ejecutada por la policía del gobierno nacional para expulsar a los cartoneros de las Barrancas de Belgrano, mostró cómo ceden las fricciones internas, y aflora la defensa de los intereses comunes de la burguesía, frente a la necesidad de reprimir a los trabajadores y el pueblo.
LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, EJEMPLO MODELO
Ni bien asumió la gobernación bonaerense, Daniel Scioli avisó: “Voy a incrementar el poder de fuego de la policía”, y a los pocos días, como para que no quedaran dudas, agregó: “A la policía le voy a dar apoyo político”. Empezó a cumplir la promesa a partir de la designación del fiscal Carlos Stornelli, de excelente imagen en las fuerzas de seguridad, como ministro, junto con la reinstalación del cargo formal de Jefe de la Policía provincial, donde fue nombrado el comisario Salcedo. Inmediatamente impulsó la reforma del código procesal universalizando el procedimiento llamado de “flagrancia”, que en la práctica significa que si dos policías dicen que vieron a alguien cometiendo un delito, no hace falta más para llevarlo a juicio y condenarlo en dos o tres meses.
Y de remate, un puñado de selectos asesores, que van desde el ministro del interior menemista Carlos V. Corach hasta la mujer del barra brava Di Zeo, otro con buenas relaciones policiales, y una comisión de “notables”, la mayoría jueces.
Esa comisión está presidida por el juez federal Alberto Durán, que por varios años dirigió la Comisión de Seguridad Ciudadana, creada por un decreto del intendente Julio Alak e integrada por los jefes policiales, fiscales, entidades empresariales, colegios profesionales y gremios platenses. La Comisión propuso medidas como instalar 300 cámaras de video para vigilar “lugares estratégicos”, o que la caballería e infantería participaran en operaciones cerrojo y en el patrullaje urbano. Desde 1985, el juez Durán es profesor de la Escuela de Policía Juan Vucetich, de manera que desde entonces viene “educando” policías. Fiel al peronismo bonaerense en la madurez, en su juventud tuvo fluidos vínculos con la dictadura. Fue funcionario del Ministerio de Gobierno de la provincia hasta febrero de 1980, fecha en que ingresó al poder judicial, donde continúa. Se declaró amigo personal del histórico jefe de la bonaerense Pedro Klodczyk y del comisario mayor Darío Delfín Rojas, torturador y represor ascendido por Camps a raíz de su participación en el caso Graiver. Ese es el jefe de los “notables” de Scioli para garantizar la seguridad.
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NOTAS
1) Archivo de Casos de CORREPI, 2007.
2) “La ´política de DDHH´ del gobierno es parte de su política represiva” en ER Nº31, diciembre de 2007.
Los cuatro años y medio de gobierno de Néstor Kirchner nos dejaron 850 muertos por el gatillo fácil y la tortura1; un sostenido incremento de la represión a militantes y organizaciones, con record de presos políticos; constantes ataques a los trabajadores organizados por fuera de las burocracias sindicales, con el concurso de patotas oficiales complementando el accionar de las fuerzas de seguridad y un compendio nunca visto de leyes represoras, incluyendo las llamadas “antiterroristas”, cumpliendo el mandato del amo yanqui. También nos dejaron un discurso “progresista” en materia de derechos humanos, cuidadosamente limitado a los hechos de hace tres décadas o más, que junto al impulso oficial a los juicios contra aquellos represores sirvió, fundamentalmente, para dar un marco de legitimidad al gobierno y sus instituciones. Kirchner logró, a costa de entregar un puñado de viejos milicos que a esta altura de poco sirven a la burguesía, convencer a propios y extraños que era el “gobierno de los derechos humanos”. Y por lo tanto, no se lo podía acusar de represor... Caló tan hondo la jugada, que algunos insisten todavía en señalar el “doble discurso”, sin ver que la llamada “política de derechos humanos” de Kirchner es parte (y parte importante) de su política represiva, “que le permite reprimir más que ninguno de sus antecesores al compás de los aplausos del coro de vencidos y conversos”2.
Por el mismo camino avanzan la nueva presidenta y todos y cada uno de los gobernadores que asumieron a fin de 2007. En materia de gatillo fácil y tortura, en el primer mes del año hubo no menos de quince asesinatos en distintos lugares del país. Hemos visto, en el mes y medio que lleva el nuevo gobierno, cómo fueron reprimidos los trabajadores del INDEC, del Casino flotante, de Pagoda, de Mafissa, de la línea 60, los vecinos cordobeses que se opusieron a un aumento del 33% del boleto de colectivo, los cartoneros en Belgrano, etc.
Con el repetido argumento de la “inseguridad”, aumentan los presupuestos policiales y el número de efectivos. Se reforman códigos y leyes para dar más facultades a la policía, como reconocer legalmente que puedan interrogar “sospechosos” (lo que, tortura mediante, jamás dejaron de hacer), al tiempo que, una y otra vez, se comprueba que no hay modalidad delictual a la que resulten ajenos policías y otros esbirros de uniforme.
En la ciudad de Buenos Aires, la pelea es por quién va a dirigir a la policía federal, lo que incluye su jugosa caja. Federico Pinedo, hombre de confianza de Macri como su antepasado homónimo lo era del general Justo, lo reconoció en una entrevista radial: “La disputa es sobre quién va a ser el jefe de la policía, si Aníbal Fernández o Mauricio Macri, al que la gente votó para eso”. Bien clarito. El asunto pasa, exclusivamente, por tener la dirección política de la PFA. Mientras siguen mostrándose los dientes, la presidenta festejó su cumpleaños regalando 500 vehículos de distinto tipo, todos 0km, a la federal, y Macri da los primeros pasos en su Plan B, generar su propio cuerpo policial. Pero la violenta represión ordenada por el gobierno de la ciudad y ejecutada por la policía del gobierno nacional para expulsar a los cartoneros de las Barrancas de Belgrano, mostró cómo ceden las fricciones internas, y aflora la defensa de los intereses comunes de la burguesía, frente a la necesidad de reprimir a los trabajadores y el pueblo.
LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, EJEMPLO MODELO
Ni bien asumió la gobernación bonaerense, Daniel Scioli avisó: “Voy a incrementar el poder de fuego de la policía”, y a los pocos días, como para que no quedaran dudas, agregó: “A la policía le voy a dar apoyo político”. Empezó a cumplir la promesa a partir de la designación del fiscal Carlos Stornelli, de excelente imagen en las fuerzas de seguridad, como ministro, junto con la reinstalación del cargo formal de Jefe de la Policía provincial, donde fue nombrado el comisario Salcedo. Inmediatamente impulsó la reforma del código procesal universalizando el procedimiento llamado de “flagrancia”, que en la práctica significa que si dos policías dicen que vieron a alguien cometiendo un delito, no hace falta más para llevarlo a juicio y condenarlo en dos o tres meses.
Y de remate, un puñado de selectos asesores, que van desde el ministro del interior menemista Carlos V. Corach hasta la mujer del barra brava Di Zeo, otro con buenas relaciones policiales, y una comisión de “notables”, la mayoría jueces.
Esa comisión está presidida por el juez federal Alberto Durán, que por varios años dirigió la Comisión de Seguridad Ciudadana, creada por un decreto del intendente Julio Alak e integrada por los jefes policiales, fiscales, entidades empresariales, colegios profesionales y gremios platenses. La Comisión propuso medidas como instalar 300 cámaras de video para vigilar “lugares estratégicos”, o que la caballería e infantería participaran en operaciones cerrojo y en el patrullaje urbano. Desde 1985, el juez Durán es profesor de la Escuela de Policía Juan Vucetich, de manera que desde entonces viene “educando” policías. Fiel al peronismo bonaerense en la madurez, en su juventud tuvo fluidos vínculos con la dictadura. Fue funcionario del Ministerio de Gobierno de la provincia hasta febrero de 1980, fecha en que ingresó al poder judicial, donde continúa. Se declaró amigo personal del histórico jefe de la bonaerense Pedro Klodczyk y del comisario mayor Darío Delfín Rojas, torturador y represor ascendido por Camps a raíz de su participación en el caso Graiver. Ese es el jefe de los “notables” de Scioli para garantizar la seguridad.
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NOTAS
1) Archivo de Casos de CORREPI, 2007.
2) “La ´política de DDHH´ del gobierno es parte de su política represiva” en ER Nº31, diciembre de 2007.