El gobierno kirchnerista avanza con un nuevo plan que incluye el envío de 2.500 efectivos de Gendarmería y Prefectura para profundizar la represión en los barrios del sur de la ciudad de Buenos Aires.
A fines del año pasado, después de la represión en el Parque Indoamericano, a cargo principalmente de la Policía Federal, que terminó con tres personas asesinadas, el gobierno kirchnerista decidió la creación del Ministerio de Seguridad, y puso al frente a Nilda Garré. Entre sus primeras medidas estuvieron el recambio en la cúpula de la Federal y el lanzamiento del “Operativo Centinela”, que impulsó el envío de al menos 6.000 gendarmes para colaborar con la Bonaerense en los patrullajes y el control de los barrios en la provincia de Buenos Aires(1).
Desde aquel momento, la represión sobre el pueblo trabajador, lejos de disminuir, continúa a paso firme. Con el gatillo fácil y la tortura siguen matando un pibe por día en los barrios y la respuesta para los que luchan sigue siendo la represión, como la que se descargó sobre los docentes de Santa Cruz, en las puertas del Ministerio de Trabajo.
En este marco, a fines del mes de junio, Garré y Cristina Fernández anunciaron la extensión del “Operativo Centinela” a las calles de la ciudad de Buenos Aires. El nuevo plan, bautizado “Plan Cinturón Sur” establece el envío de 1.250 efectivos de Gendarmería y otros 1.250 de Prefectura para patrullar las calles de la Boca, Barracas, Pompeya, Parque Patricios, Soldati y Lugano. A partir de ahora, las comisarías de estos barrios pasarán a llamarse “Unidades de Seguridad Pública” (USP) y desde allí las tres fuerzas federales dependientes del Ministerio de Seguridad kirchnerista (Policía Federal, Gendarmería y Prefectura) coordinarán la represión en el sur de la ciudad.
Los 1.000 efectivos de la Policía Federal que patrullaban estos barrios hasta ahora se distribuirán entre el trabajo al interior de las USP (colaborando con Gendarmería y Prefectura) y otros puntos de la ciudad de Buenos Aires.
Por si este gigantesco despliegue represivo no fuera suficiente, tras el disfraz discursivo del “combate contra la inseguridad”, el gobierno kirchnerista adelantó que planea ir más allá apelando, incluso, a la “asistencia” de las Fuerzas Armadas. “El despliegue territorial, las instalaciones y parte del equipamiento de las Fuerzas Armadas pueden asistir al sistema de seguridad, tal como lo establece la Ley 24.059 de Seguridad Interior. Por ello, el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Defensa sellarán pronto un amplio convenio de cooperación”(2), adelantó la ministra Garré en su discurso en el acto por el Día de la Prefectura. Si bien no se dieron más detalles, las versiones que circularon indican que el gobierno kirchnerista utilizaría fuerzas del Ejército para cubrir las tareas que la Gendarmería, cada vez más utilizada como auxiliar de la policía en tareas de represión interna, ya no puede cumplir en las fronteras(3), además colaborar con cuestiones de infraestructura y logística.
Opacado quedó, ante los miles de uniformados que instaló el kirchnerismo, el anuncio de Macri (que continúa con la construcción de su propia fuerza represiva) sobre la expansión de la Policía Metropolitana también en los barrios del sur de la ciudad. Lo cierto es que, a los efectivos de Gendarmería y Prefectura se agregarán también los de la policía porteña. Todos ellos se complementarán a la hora de perseguir y reprimir en los barrios del sur.
Con este despliegue represivo, el kirchnerismo da un paso más en su política de “derechos humanos”, con la promesa de seguir castigando a la juventud y a los trabajadores con la multiplicación del gatillo fácil, de la droga en los barrios y las torturas, con el objetivo de continuar garantizando el disciplinamiento de los sectores populares.
Como no hay cambios sociales, hay represión
Mientras el discurso oficial del kirchenrismo asevera estar resolviendo los grandes problemas populares, la realidad es absolutamente opuesta. Estamos lejos de cualquier cambio social estructural, que acabe con el trabajo en negro, la desocupación, la falta de vivienda, la precariedad de la salud y la educación, y el grado de pauperización y desestructuración de los sectores más humildes del pueblo, en donde la droga hace estragos, es realmente alarmante.
Como claro representante de los sectores patronales, el gobierno de Cristina Fernández ha optado por mantener al pueblo sojuzgado apelando para ello a una creciente represión. Así, junto a la persecución a los luchadores sociales, el gobierno amplía cada vez más la llamada represión preventiva, que por medio de la militarización que infunde el terror, de las detenciones arbitrarias y del gatillo fácil, busca mantener a raya a los sectores más vulnerables y potencialmente explosivos del pueblo.
La reciente decisión de militarizar aún más el sur de la Ciudad de Buenos Aires, sumando a Prefectura y Gendarmería, es un paso más en esta política, y una demostración de que el kirchnerismo, pese a su retórica, como todo gobierno que defiende los intereses de los capitalistas, es incapaz de saldar las verdaderas necesidades sociales del pueblo trabajador.
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NOTAS:
1) Ver “La seguridad de los ricos es la inseguridad y el control de los pobres”, en ER N°65.
2) Clarín, viernes 1 de julio.
3) La utilización de Gendarmería para colaborar con las distintas policías en la represión no es nueva. El kirchnerismo la ha utilizado reiteradamente en los últimos años, por ejemplo, en la provincia de Santa Cruz para intervenir en las distintas luchas de los trabajadores petroleros y docentes, llegando a ocupar plantas y escuelas.