En la primera semana de agosto, se reunió el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil. Allí se encontraron funcionarios del gobierno, los representantes de las principales cámaras empresarias y los líderes de la burocracia sindical de la CGT y la CTA.
El acuerdo, cerrado en un trámite de 48 horas, consistió en llevar el salario mínimo de los $1.500 actuales a $1.740 en septiembre y $1.840 en enero, lo que implica un incremento nominal total del 22%. Es decir, un nuevo “aumento” en cuotas que no alcanza siquiera a cubrir el incremento general de precios de los últimos meses, cuando todos los estudios económicos coinciden en marcar que la inflación anual general superará el 25% y que la cifra de aumentos será muy superior para rubros básicos como alimentos.
Bien lejos quedan, desde luego, las nuevas cifras salariales de los valores de la canasta familiar, que estima el piso que una familia de cuatro personas debe destinar para cubrir las necesidades elementales de alimento, vivienda, vestimenta, salud y educación. Esa misma canasta que las centrales burocráticas de la CGT y la CTA estimaban hace ya varios meses en $3.800 y $4.600, respectivamente. Nuevamente, está a la vista, por lo tanto, que la burocracia sindical admite y contempla sin problemas que una familia trabajadora, aun con dos de sus miembros ocupados, no llegue a garantizar las necesidades básicas que estiman sus propias cuentas.
Claro que, además de no estar en relación con los niveles de inflación y no tener en cuenta los valores de la canasta familiar, el nuevo salario mínimo no tendrá ninguna repercusión para la inmensa mayoría de la clase trabajadora. De un lado, porque no incluye a los trabajadores estatales, que no quedan comprendidos dentro del salario mínimo. Por otra parte, porque dentro de la actividad privada, la mayor parte de los convenios colectivos ya fijan los pisos salariales por encima de de las futuras cifras del acuerdo. Pero, fundamentalmente, porque el acuerdo no tiene ningún tipo de efecto sobre la gran cantidad de trabajadores “en negro”, que ronda el 40% del total de trabajadores ocupados, y que son quienes padecen (y continuarán padeciendo tras el acuerdo del “salario mínimo”) los salarios más bajos y las condiciones laborales más duras.
La reunión del Consejo del Salario Mínimo fue un nuevo paso, por lo tanto, en la comunión entre el gobierno, las cámaras empresarias y la burocracia sindical, que ha sido recurrente durante los años de gestión kirchnerista. Una comunión que ha funcionado con el objetivo de profundizar el ajuste sobre la clase trabajadora, garantizando las ganancias de los grupos empresarios.
En esta oportunidad fueron los funcionarios kirchneristas del ministerio de Trabajo, con Carlos Tomada y Noemí Rial a la cabeza, los que trabajaron en la elaboración del acuerdo final, celebrado por empresarios y burócratas. La representación patronal estuvo en manos de UIA, principalmente del empresario de la alimentación, Funes de Rioja. La CGT, por su parte, más allá de que su reclamo formal inicial se acercaba a los $2.000, también festejó el acuerdo como un avance.
Párrafo aparte merece la participación de la CTA que, bien lejos de plantear la necesidad de una discusión seria y organizar un plan de lucha por el alza del salario mínimo, cumplió, una vez más, un rol meramente decorativo a la hora de fijar las cifras y se abstuvo, nuevamente, durante la votación del acuerdo. Sin embargo, la presencia de la central que conduce Yasky no fue para nada menor, ya que contribuyó a brindarle legitimidad al espacio que, año tras año, deprime el salario de los trabajadores. “Las palabras de Hugo Yasky no fueron para nada agresivas; elogió las políticas públicas del Gobierno, aunque manifestó sus diferencias con lo resuelto”, señaló la secretaria de trabajo Noemí Rial, minimizando las diferencias planteadas por la delegación de la CTA (que estuvo representada en sus bandos burocráticos, a través de Yasky y Micheli) y celebrando su participación en esta nueva entrega del salario.
En pocas palabras, este nuevo acuerdo, presentado, entre tantos otros, por el kirchnerismo como una mejora para los trabajadores, no es más que un nuevo paso en su política de ajuste, que profundiza la miseria y la explotación sobre el pueblo trabajador.
