Parte III – De la Alianza al kirchnerismo
La deuda externa ha sido, desde que Argentina existe como tal y hasta la actualidad, una de las demostraciones más cabales de la dependencia de nuestro país. A costa siempre del ajuste sobre el pueblo trabajador, el endeudamiento externo ha funcionado como gran negocio para gobernantes y capitalistas locales y como método de transferencia de riquezas hacia las potencias imperialistas.
Como hemos señalado en el anterior número de El Revolucionario, la deuda externa argentina se ha multiplicado varias veces durante la última dictadura militar, como consecuencia de los multimillonarios negociados realizados entre empresarios locales, funcionarios estatales y la banca internacional. Los gobiernos radicales y peronistas que se sucedieron a partir de 1983, encabezados por Alfonsín y Menem, respectivamente, se encargaron de profundizar dicha deuda, organizando los pagos y tomando nuevos créditos, agravando de esta forma la dependencia de nuestro país.
Nada cambió con la llegada al gobierno de los grupos progresistas rejuntados en la Alianza, tras la conducción de Fernando de la Rúa (UCR) y Carlos “Chacho” Álvarez (Frepaso). Lejos de las promesas de “cambio”, que fueron eje de su campaña, el gobierno no sólo continuó sino que también profundizó las políticas de ajuste de los años anteriores. Siguió en aumento la desocupación, se redujeron políticas sociales y salarios, se avanzó con la flexibilización laboral… Los organismos internacionales, desde luego, siguieron marcando los tiempos. En los inicios nomás del gobierno, con el impulso de los grupos progresistas ex Frepaso, se sancionó a pedir del FMI (como condición para la entrega de nuevas partidas de crédito), una ley de flexibilización laboral, que habilitaba, entre otras cosas, el incremento de los períodos de prueba y la revisión de los convenios colectivos. Ley que, por otra parte, trascendió como “Ley Banelco”, cuando se hizo público el pago de coimas que el gobierno de la Alianza organizó para comprar el voto de varios senadores peronistas, con el objetivo de garantizar la aprobación de la ley.
Al mismo tiempo, el endeudamiento externo se incrementó sensiblemente. En noviembre de 2000, se anunció con bombos y platillos el “Blindaje Financiero”, que no fue otra cosa que el ingreso de créditos que abultaron la deuda en u$s39.700 millones. Entre los prestamistas estuvieron el FMI, el BM, el BID y el gobierno español. A cambio, los organismos exigieron la profundización de las medidas de ajuste, que fueron aplicadas por el gobierno de la Alianza a través de los ministros Machinea, López Murphy y Cavallo. Meses después, siendo éste último ministro de economía, se lanzó el “Megacanje”. Esta operación implicó una renegociación, a través de la cual se extendieron algunos vencimientos a cambio de un incremento de la deuda que superó ampliamente los u$s40.000 millones. El canje, además, incluyó groseras ganancias a través del pago de “comisiones” para los bancos participantes por alrededor de u$s150 millones. Este tipo de renegociaciones se repitió una y otra vez en la historia de la deuda, con un saldo siempre favorable para la banca internacional.
Luego de la caída del gobierno de De la Rúa en diciembre de 2001, y ante la necesidad de dar alguna respuesta ante la crisis y la imposibilidad de garantizar los millonarios pagos de los futuros vencimientos, Rodríguez Saá anunció el default de la deuda argentina, en su discurso de asunción en el congreso.
Sin embargo, a pesar de esto, se siguió cumpliendo con los pagos ante los principales organismos, como el FMI. En este marco, durante el gobierno de Duhalde, se aplicaron numerosos planes de ajuste intentando cumplir con las metas pactadas con el Fondo Monetario, como el superávit fiscal del 2,5% del PBI y la reducción del gasto público. Así, en el transcurso de 2002, se pagaron u$s4.500 millones y a comienzos de 2003 el gobierno peronista recibió créditos del Fondo Monetario para cubrir los vencimientos hasta agosto de ese año.
El kirchnerismo, en el gobierno desde 2003, más allá de su retórica anti-FMI, ha cumplido estrictamente con las exigencias de los organismos internacionales y ha garantizado los pagos como pocos. Apoyado en un discurso “popular” y con la participación, una vez más, de varios grupos del progresismo y de la centroizquierda, los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, continuaron con todo el ajuste necesario sobre el pueblo trabajador para alcanzar las metas de superávit impuestas por el Fondo Monetario y permitir el sostenimiento de las ganancias empresarias. En ese sentido, se ha incrementado la flexibilización laboral, con la generalización de extensas jornadas de trabajo por magros salarios, se han deprimido las jubilaciones y se ha profundizado el desfinanciamiento de los sistemas públicos de salud y educación, avanzando en el proceso de vaciamiento y precarización. Fue sancionada, por ejemplo, con el impulso gubernamental y de la burocracia docente de la CTERA, la Ley de Financiamiento Educativo, que, como fiel continuidad de las políticas menemistas y cumpliendo con las exigencias del FMI y BM, avala la descentralización y el desfinanciamiento estatal de la educación.
En 2005, el ministro Roberto Lavagna lanzó el canje para la parte de la deuda que había entrado en default en 2001, con una aceptación del 76%. Los acreedores que no aceptaron el canje en aquel momento son los que negociaron días atrás una nueva oferta del gobierno kirchnerista(1). Por otra parte, también en 2005, Kirchner pagó con reservas del Banco Central, de una sola vez y por adelantado, al FMI casi u$s10.000 millones. Más allá de los discursos hablando del desendeudamiento que permitiría alcanzar la independencia de los organismos internacionales de crédito, lo cierto es que en que, en aquel momento, la deuda pagada al FMI sólo representaba un pequeño porcentaje del endeudamiento total.
Por otra parte, en estos años, el kirchnerismo ha hecho crecer la deuda externa a través de diversas renegociaciones y de la toma de nueva deuda a tasas usurarias, como, por ejemplo, la negociada con el gobierno de Venezuela. La desesperación actual del gobierno por canjear la parte de la deuda en default, así como la porción en poder del Club de París, pasa por poder volver a endeudarse con los organismos internacionales, para conseguir efectivo que le permita continuar financiando sus negocios y su campaña electoral. Más allá de que no existen cifras precisas sobre los montos totales la deuda externa del sector público supera los u$s150.000 millones.
Habiendo revisado rápidamente el recorrido de la deuda externa en nuestro país a lo largo de la historia, se hace evidente la naturaleza del endeudamiento como herramienta que ha permitido realizar enormes negociados a la clase capitalista local, que ha descargado, a su vez, sobre las espaldas del pueblo trabajador todo el peso de los pagos. Desde su surgimiento, el empresariado local ha estado vinculado de forma absolutamente dependiente al capital internacional, con quien ha compartido siempre sus negocios. Es claro, por lo tanto, que nadie que pretenda respetar y se mantenga dentro de los marcos de este sistema de explotación, que es el capitalismo, avanzará contra la deuda externa. Siempre convocaran a “honrar los compromisos externos”, a “cumplir con las obligaciones”, ni más ni menos que porque todos sus negociados se encuentran atados al respeto de esos compromisos. Otros cambiarán el discurso para terminar diciendo lo mismo. Así como durante el gobierno de Alfonsín se convocó inicialmente a investigar y hasta a desconocer una supuesta parte “fraudulenta” de la deuda, hoy los referentes del progresismo, como Solanas, De Gennaro o Tumini (muchos de los cuales participaron o apoyaron pocos años atrás al gobierno de la Alianza o al kirchnerismo) llaman a “investigar la deuda externa para pagar sólo la parte legítima”.
Lo repetimos una vez más: ni un solo peso de esa deuda fue generado por pueblo trabajador, puesto que ha sido contraída siempre por la clase capitalista y exclusivamente para su beneficio. Por lo tanto, el necesario desconocimiento de esa deuda que sólo ha significado y significa ajustes y privaciones para los trabajadores, podrá ser obra únicamente de los propios trabajadores.
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NOTAS:
1) Ver en este mismo número “Más deuda con un nuevo canje”.
