Tras la última elección presidencial en la que salió electo el delfín de Uribe, en Colombia se profundizará la represión contra el pueblo trabajador.
Juan Manuel Santos, el reciente presidente electo de Colombia, es un claro representante de la burguesía más acomodada y de su brazo armado, estructurado principalmente a través del ejército y de los grupos paramilitares. Como corresponde a un miembro de una familia de la alta burguesía que ha sido dueña del principal diario del país (El Tiempo) y formada por políticos y presidentes, Santos primero estudió en los centros imperialistas (en Kansas y Harvard de EEUU y en la London School of Economics de Inglaterra) y luego se integró a la política colombiana, participando de los distintos gabinetes de ministros, desde 1990 hasta el presente.
Como ministro de defensa del gobierno actual, es uno de los principales responsables, junto a Uribe, de la represión que ejerce actualmente el estado a todo nivel.
Bajo su responsabilidad se ha avanzado en la injerencia norteamericana en la represión colombiana, pasando a la ocupación abierta por parte de EEUU, que envió el año pasado 1.400 efectivos entre tropas estatales y contratistas.
A su vez, se han multiplicado por miles los asesinatos políticos, en primer lugar a guerrilleros y activistas sociales y sindicales, como sucedió con algunos de los más importantes militantes por los DDHH, pero también, en segundo lugar, a pobladores, principalmente rurales o suburbanos, que son presentados como “guerrilleros capturados” por el ejército para poder obtener ascensos y premios. El mismo estado, por medio de su fiscalía general, ha aceptado la existencia de unos 2.000 fusilamientos extrajudiciales (“falsos positivos”) y de unos 20.000 desaparecidos en investigación en los últimos años.
Del mismo modo, el gobierno de Uribe y Santos sostiene una política de represión y militarización sobre el conjunto del movimiento social y político con represión a movilizaciones, persecución, encarcelamiento y asesinato de todo tipo de activistas; tiene en sus cárceles a unos 7.000 presos políticos, y repite habitualmente masacres y bombardeos (llegando al escándalo de bombardear en territorio ecuatoriano). Esta política represiva, además, tiene su efecto directo sobre las poblaciones rurales que se ven obligadas a desplazarse para sobrevivir: se calcula que sólo el año pasado hubo unos 286.000 desplazados.
La represión abierta que caracteriza al estado colombiano tiene por función defender los intereses de la burguesía local y sus socios yanquis, que se benefician de negocios tan millonarios como el del narcotráfico.
En un país donde las siempre devaluadas cifras oficiales admiten un 46% de pobreza, toda lucha que enfrente el actual estado de cosas y ponga en evidencia el carácter antipopular del régimen colombiano, constituye una amenaza a la estabilidad de la burguesía, y como tal es tratada por sus responsables políticos, máxime cuando la lucha popular en Colombia tienen un largo proceso de desarrollo, que incluye los permanentes intentos de organización del pueblo a todo nivel (sindical, estudiantil, campesino, indígena, etc.) y una resistencia armada de las guerrillas de más de 45 años.
Ahora, en forma consecuente con su trayectoria, Santos se propone profundizar la represión. Por eso, el grito de guerra en su primer discurso como presidente electo fue: “¡Que vivan las fuerzas armadas de Colombia!”, y pidiendo al auditorio que no olvide que él mismo había sido un cadete de la armada, remató: “¡Qué orgullosos nos sentimos de tener unas fuerzas militares y policía que le han devuelto la tranquilidad a nuestro país!”, “¡Gloria a estos muchachos!”. El plan de Santos incluye ampliar el Plan Colombia y garantizar la impunidad de los represores, para poder sostener las condiciones de explotación y desigualdad que golpean al pueblo trabajador y beneficiar a la burguesía y al imperialismo.
En ese sentido, ya acordó con la secretaria de estado yanqui Hillary Clinton, “dar un pasó más allá del Plan Colombia”, haciendo de su país una base para profundizar la política de injerencia norteamericana en América Latina. Por eso propone “que en lugar de ser siempre receptores de ayuda, que nosotros podamos convertirnos en un país que ayude a los países centroamericanos y del Caribe en su lucha contra los carteles de la droga, que es un problema que está creciendo en esas dos importantes zonas de América latina” (1).
Además, teniendo en cuenta que ese “trabajo sucio” de la represión implica torturas, fusilamiento, desapariciones, matanzas y demás atrocidades que son cometidas por el conjunto de las fuerzas represivas estatales y por los paramilitares (que son financiados y sostenidos políticamente por la burguesía y defendidos por su aparto judicial), la política de Santos está orientada a librar de las condenas legales a sus perros guardianes, muchos de los cuales ya tienen procesos judiciales abiertos. Por eso, plantea reformar cuestiones judiciales centrales, para tener un mayor control, por ejemplo, otorgando al presidente la potestad de elegir al fiscal de la nación, y por eso también dijo recientemente que “el fuero militar ha venido siendo vulnerado”, refiriéndose a que no permitirá que se continúen los juicios contra “sus muchachos” del ejército.
Como vemos, toda la política de Santos, al igual que la de su padrino Uribe, está centrada en la derrota del pueblo y sus organizaciones que sostienen la resistencia a las actuales condiciones de explotación y miseria, principalmente la guerrilla de las FARC. Sin embargo, aunque numerosas veces han declarado que la resistencia está “liquidada”, la intervención de la insurgencia sigue presente. De hecho, el mismo día de la elección, hubo derribamientos de torres eléctricas, quema de micros, hostigamientos y fueron muertos 13 militares y policías en combate con la guerrilla. Sin ir más lejos, la necesidad de reforzar la represión, con el financiamiento millonario de EEUU, la instalación de tropas yanquis en bases en Colombia y la impunidad de militares y paramilitares para perpetrar masacres, están dando muestras de que el gobierno no ha logrado derrotar efectivamente a la resistencia popular y sus guerrillas, por más que lo vengan anunciando sin cesar.
Por supuesto, ante la avanzada represiva que se propone Santos, no podemos más que ubicarnos del lado del pueblo, apoyando su lucha de resistencia que debe enfrentar tanto a la burguesía local y su represión como a las fuerzas de ocupación norteamericanas.
