El presidente Lugo, que había llegado al gobierno impulsado por una parte de la izquierda y el progresismo, incluyendo a presidentes como Evo Morales, Hugo Chávez, Fidel Castro y demás; se ha convertido en el adalid de la militarización. El presidente supuestamente “izquierdista” declaró el estado de excepción, suspendiendo garantías constitucionales en cinco departamentos del país por 30 días, y desplegando una fuerza conjunta del ejército, la marina, la fuerza aérea y la policía. Retoma así, oficialmente, la práctica de usar a las FF.AA. como agentes activos en la guerra interna contra las organizaciones populares.
Su desenmascaramiento como un presidente abiertamente militarista y antipopular, que busca, ante todo, brindar seguridad a la clase dominante de que se mantendrá el sistema por sus carriles actuales, fue en reacción frente al accionar del Ejército del Pueblo Paraguayo, una guerrilla de la zona de Concepción. La guerrilla del EPP, es un grupo con trabajo social, territorial y campesino, cuyas acciones más conocidas son dos secuestros de destacados estancieros, uno liberado tras el pago de una suma en dinero y el otro luego de que se garantizara un reparto gratuito de carne en los barrios humildes, además de algunos asaltos a puestos policiales y el enfrentamiento con estas fuerzas en más de una oportunidad.
Temiendo quedarse corto, el presidente paraguayo arremetió también contra los militantes políticos en el exterior, reclamando la extradición de tres activistas que tienen refugio por razones políticas en Brasil.