La instalación de nuevas tropas de EEUU en bases colombianas puso una vez más en las primeras planas la discusión sobre la realidad en ese país, donde desde hace más de cuatro décadas la guerrilla y un conjunto de organizaciones populares enfrentan consecuentemente al estado y a los paramilitares.
Colombia es un país absolutamente dependiente económicamente, dedicado casi exclusivamente a la explotación minera y petrolera y a la producción de materias primas (fundamentalmente café) para la exportación. El negocio del narcotráfico es, por otra parte, y más allá de no aparecer en las estadísticas oficiales, uno de los principales impulsores de la economía nacional. Como en el resto de los países latinoamericanos, con la única excepción de Cuba, las desigualdades sociales son abismales. La inmensa mayoría del pueblo padece condiciones de vida durísimas, los índices de pobreza e indigencia son alarmantes, y se mantienen elevados niveles de analfabetismo y mortalidad infantil(1). Todo esto, mientras un puñado de empresarios acumula la inmensa mayoría de las riquezas del país, como socio menor de los capitales imperialistas, fundamentalmente norteamericanos.
El TLC (Tratado de Libre Comercio) que EEUU tiene con Colombia es la demostración no sólo del carácter abiertamente proyanqui del gobierno de Uribe, sino también del estrecho vínculo de dependencia que une a la burguesía colombiana (de la misma forma que a sus pares latinoamericanas) con el capital imperialista.
Un gobierno proimperialista: hoy con Obama, siempre con EEUU
Álvaro Uribe Vélez, en el gobierno desde 2002, que por estos días prepara una nueva reelección es, pocos lo niegan, un fiel servidor de EEUU. Los vínculos de su gobierno con el narcotráfico y los paramilitares son escandalosos e involucran a una gran cantidad de funcionarios en todos los niveles, lo que le costó incluso la renuncia a hombres de primera línea de su gestión. Aliado incondicional de los EEUU, tanto de la administración Bush como de la de Obama, Uribe ha abierto de par en par las puertas para la profundización de la presencia yanqui en su país.
El Plan Colombia marca las directivas de la avanzada, que ya a esta altura ha contado con miles de millones de dólares, dirección política y militar, armamento, tecnología de avanzada y mercenarios que, entre otras cosas, EEUU ha puesto sobre Colombia con el fin de acabar con la resistencia popular, que representa un problema inmenso y una amenaza, no sólo para la burguesía de su país, sino para los capitalistas de todo el continente, que temen la posibilidad de que se siga su ejemplo en otras latitudes. Así, el último acuerdo entre EEUU y Colombia no es ninguna novedad, sino que representa, como el mismo Uribe afirma orgulloso, la profundización de la colaboración yanqui en su intento de acabar con las organizaciones populares que luchan por el poder en su país.
En este plan de aniquilamiento de la resistencia popular, los estados de Colombia y de EEUU no han escatimado medios. La campaña internacional de difamación que intenta vincular a la guerrilla con el narcotráfico (y para la cual la prensa oficial ha acuñado el término “narcoterrorismo”), haciendo pasar a las principales organizaciones populares por una simple banda de delincuentes y secuestradores, busca esconder los fines políticos de su lucha, y negar, al mismo tiempo, la simpatía que genera en una parte importante del pueblo colombiano. Esta es otra de las farsas con las que han intentado aislar a las organizaciones populares. Lo cierto, como ha quedado al descubierto incluso en hechos que tuvieron gran trascendencia mediática, es que los mismos estados colombiano y yanqui (como sucede en todo el mundo), a través de DEA (Drug Enforcement Administration - Oficina antidrogas norteamericana) y los grupos paramilitares, son los que explotan el negocio del narcotráfico. De diversas maneras, los campesinos, para poder subsistir, son empujados a producir la coca que tiene como mercado casi exclusivo a los EEUU.
Por otra parte, como es sabido, la intervención militar directa, con apoyo técnico y armamentístico, se complementa con la proliferación de los grupos para-militares, verdaderos apéndices del aparato estatal. Estos grupos, de igual forma que en otras latitudes, son financiados y dirigidos directamente por el Departamento de Estado yanqui, que, en el caso colombiano, planteó por primera vez la necesidad de preparar “grupos especiales” ya en 1962, luego de la Misión Yarbourough, anticipándose incluso a la consolidación de los principales grupos guerrilleros.
“Debe crearse ya mismo un equipo en dicho país, para seleccionar personal civil y militar con miras a un entrenamiento clandestino en operaciones de represión, por si se necesitaren después. Esto debe hacerse con miras a desarrollar una estructura cívico-militar que se explote en la eventualidad de que el sistema de seguridad interna de Colombia se deteriore más. Esta estructura se usará para presionar los cambios que sabemos van a ser necesarios para poner en acción funciones de contra-agentes y contra-propaganda y, en la medida que se necesite, impulsar sabotajes y/o actividades terroristas paramilitares contra conocidos partidarios del comunismo. Los Estados Unidos deben apoyar esto”. Con esta claridad planteaba el gobierno yanqui la necesidad de enfrentarse a la resistencia colombiana. Apenas unos años después de la revolución cubana, EEUU ya había sacado sus cuentas sobre la peligrosidad que las organizaciones que pelean por el poder en América Latina representan para sus intereses y haría todo lo posible en adelante para evitar nuevos triunfos populares en la región.
Los vínculos entre los paramilitares y los estados yanqui y colombiano son, por lo tanto, inocultables, y trascienden los límites del actual gobierno, que no en vano se ha ganado la calificación de “paraco” (sinónimo de paramilitar utilizado popularmente en Colombia). Así, por ejemplo, es también un hecho conocido que el hermano del presidente, Santiago Uribe Vélez, es jefe de uno de los grupos paramilitares autodenominado “Los 12 apóstoles”, mientras que las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), la banda paramilitar más importante, son ya reconocidas en el mundo entero por la brutalidad de sus prácticas, llegando a masacrar poblaciones campesinas enteras, alegando colaboración con las fuerzas guerrilleras.
El ataque a la guerrilla incluye detenciones extrajudiciales, torturas y asesinatos fuera de combate, además de los más de 500 guerrilleros presos y los tres dirigentes de las FARC que han sido extraditados a EEUU: Sonia, Simón Trinidad e Iván Vargas. Pero la represión no se limita exclusivamente al hostigamiento contra las FARC, sino que, por el contrario, se descarga con total impunidad sobre el conjunto de las organizaciones populares colombianas. Se cuentan de a miles los presos políticos que pueblan las cárceles de todo el país, así como los dirigentes sociales, estudiantes o trabajadores asesinados por su actividad política. Las organizaciones de DDHH colombianas denuncian más de 2.500 dirigentes sindicales asesinados en los últimos 20 años. Y la represión se extiende también por las comunidades campesinas y regiones rurales en donde, para atacar la base de apoyo de las organizaciones político militares, tanto el ejército como los paramilitares arremeten torturando, fusilando y masacrando en regiones enteras, obligando, además, al desplazamiento forzoso de miles de campesinos pobres.
De esta forma, poniéndolo en su justo contexto, es más que claro cuál es el principal objetivo de la nueva avanzada yanqui en Colombia. Mediante la profundización de la presencia militar y armamentística, intentarán doblegar a la resistencia popular con más muerte y más represión, insistiendo, pues, en el camino que bien ha sabido enfrentar el pueblo colombiano en los últimos cuarenta años.
La Resistencia del pueblo colombiano
La situación de guerra civil en Colombia, que supera ya las cuatro décadas, ha conocido diferentes etapas en las cuales las organizaciones populares han constatado, no sin sufrimiento, la imposibilidad de negociación con los grupos capitalistas y sus gobiernos de turno y, por lo tanto, la inevitabilidad del enfrentamiento directo como el único camino para la transformación de la realidad en Colombia. Esto quedó demostrado, por ejemplo, con la masacre de más de 4.000 dirigentes y militantes de la Unión Patriótica(2) en 1984, durante el gobierno de Belisario Betancourt.
En la década del ´60, como respuesta a la creciente pobreza y la explotación de los trabajadores y los campesinos, y con el impulso generado por el triunfo de la Revolución Cubana, surgen en Colombia un grupo de organizaciones populares, sindicales, estudiantiles y políticas, entre las que se destacan organizaciones político militares como las FARC-EP y el ELN, que deciden enfrentar a los sectores dominantes colombianos. Con el transcurso de los años y el sostenimiento y desarrollo de la lucha popular como principal estandarte, estas organizaciones han ido construyendo una interpretación de la realidad de su país y un programa para alcanzar una transformación radical de la sociedad, alcanzando, en este sentido, posicionamientos de gran valor, aunque muchas veces con claras contradicciones que las llevan, por ejemplo, a brindarle su apoyo a gobiernos capitalistas que no han cesado de pedir el desarme de la guerrilla, como el bloque “bolivariano” que forman Venezuela, Bolivia y Ecuador.
Desde su surgimiento en 1964, las FARC-EP, organización más antigua y
de mayor importancia entre las que enfrentan al estado colombiano, han ido avanzando, logrando asestar importantes golpes a la clase dirigente colombiana, incorporando a sus filas a cientos de campesinos y trabajadores (llegando a contar en la actualidad con mas de 10.000 miembros activos), constituyéndose en una auténtica fuerza beligerante. La actitud y la perseverancia en el camino que iniciaron hace más de cuarenta años, marcan un ejemplo de fuego para los trabajadores y los oprimidos de todo el continente. Ni la muerte de su máximo dirigente, Manuel Marulanda, ni el asesinato de los Comandantes Iván Ríos y Raúl Reyes, ni los persistentes ataques militares o el aislamiento, han podido torcer el brazo a las FARC y a toda la resistencia del pueblo colombiano que se mantiene en la lucha por conseguir una transformación social. Jesús Santrich y Rodrigo Granda, miembros de la dirección de las FARC, lo expresan con esta determinación y sencillez: “estamos en una confrontación que no ha de cesar mientras no se acabe con las profundas causas sociales que la engendraron”.
De esta forma, el pueblo colombiano, que ha dado ya sobradas muestras de su disposición a la lucha, marca con la firmeza de su moral y combatividad, un camino para todos los pueblos del continente, y reafirma a cada paso que en Colombia resiste América Latina.
(1) Incluso las estadísticas de la ONU y la CIA, calculan que más del 50% de los colombianos están bajo la línea de pobreza y que los niveles de analfabetismo en zonas rurales superan el 20%.
(2) En 1984 las FARC pactan el cese bilateral del fuego con el gobierno de Belisario Betancourt y lanzan, en conjunto con otras fuerzas, la Unión Patriótica como movimiento para intervenir públicamente en la vida política nacional. Luego de las elecciones del ´86, en las cuales consigue quedarse con un gran número de alcaldes, 14 congresistas, 18 diputados y 335 concejales, la burguesía lanza un plan sistemático de aplastamiento sobre la UP, que le costó la vida a 4.000 militantes populares, poniendo fin a la tregua.