Desde 2003, el kirchnerismo ha estado a la cabeza del plan de ajuste sobre la clase trabajadora. La inflación, como política avalada e impulsada desde el gobierno, y aplicada por los grupos empresarios, se ha encargado de deteriorar, año tras año, el salario de los trabajadores. También ha hecho estragos con los presupuestos de salud y educación, que en ningún caso han sido actualizados siguiendo los aumentos generales de precios. De esta forma, a la situación ya crítica que atravesaban la salud y la escuela pública, los casi siete años de gestión kirchnerista le han agregado un ajuste presupuestario aún mayor. Todo esto se traduce en las pésimas condiciones edilicias de hospitales, escuelas y universidades, en la falta de insumos básicos y en los salarios de pobreza que reciben los trabajadores de la salud y la educación. De esta forma, los gobiernos kirchneristas han venido ajustando, tanto en forma directa como indirecta sobre la clase trabajadora, situación que se viene agravando sensiblemente desde el año pasado, debido a la multiplicación de despidos y suspensiones, que se combinan por estos días con una importante suba en los precios de los productos de la canasta básica. Más allá de que desde el gobierno se intente ocultar esta situación, hablando de “reacomodamiento de precios” en lugar de inflación, o que se acuse a la oposición de querer ajustar, como si el ajuste no fuese una política aplicada sistemáticamente por el kirchnerismo, la realidad no puede ser ocultada con palabras o discursos.
¿Cómo puede calificarse esta situación, si no es hablando de ajuste sobre la clase trabajadora e inflación, cuando desde el sindicato de la alimentación, dirigido por la burocracia de Daer, calculan que los gastos para cubrir las necesidades de alimentación, vivienda, salud, vestimenta y educación de una familia de cuatro personas superan ya los $3.800 mensuales? Haciendo el mismo cálculo, la también burocrática conducción de la CTA lo lleva a $4.600. Y todo esto, cuando ellos mismos (CGT y CTA) han participado de la negociación junto al gobierno y las cámaras empresarias que llevó al salario mínimo (en enero de 2010) a $1.500. Esto quiere decir, ni más ni menos, que la burocracia contempla sin inconvenientes que una familia, aún con dos de sus miembros trabajando “en blanco”, no logre cubrir sus necesidades básicas. Y eso, por no mencionar, la gran cantidad de trabajadores que no cobran el mínimo pactado o, directamente, no tienen empleo. Ésta es la realidad que ha construido el kirchnerismo en sus años al mando del gobierno, tarea para la cual ha contando con la colaboración central de la burocracia sindical de la CGT y la CTA. Y, por si fuera poco, todavía existen quienes, amparados en supuestos conocimientos de economía, insisten en señalar que la inflación se debe a los aumentos salariales. Y, por su puesto, jamás se les ocurrirá plantear poner un techo a la ganancia empresaria o que la suba generalizada de precios podría ser consecuencia de una mayor rentabilidad de los capitalistas.
Claro que este panorama de ajuste y precarización que el kirchnerismo descarga sobre la clase trabajadora tiene su contracara. Y está en las millonarias ganancias que los grupos empresarios de todo tipo han conseguido en estos años. Grandes empresas y PyMES, de capitales nacionales o extranjeros, vinculados al campo, a la industria, a las finanzas, a los servicios o al comercio, todos han encontrado en estos años motivos para celebrar. Han visto crecer sus cuentas bancarias en base a la devaluación, los bajos salarios, la flexibilización laboral (con facilidades para contratar personal en negro o suspender y despedir, según el caso), los altos precios de los commodities o los jugosos subsidios gubernamentales, según de quién se trate. Todo esto, sin perjuicio, desde ya, de que los distintos grupos empresarios se lancen al debate sobre quién será su candidato preferido para suceder a Cristina Fernández.
El ajuste kirchnerista también tiene su contracara en el pago sistemático de la deuda externa. El gobierno ha ido pagado los vencimientos al mismo tiempo que, lejos de cancelarla, ha hecho crecer la deuda total. Y todos sus planes están puestos en seguir pagando a como dé lugar. Los altos funcionarios de EEUU y la banca internacional lo celebran. En el plano local, cuenta también con la aprobación, más allá algunas diferencias de forma, de toda la oposición patronal y el progresismo.
Las opciones que los capitalistas ofrecen a la clase trabajadora, ya sea por izquierda, con su pata progresista, o por derecha, no representan más que una garantía de continuar con esta situación, en la cual el empresariado de conjunto se enriquece y vive la gran vida, a costa del ajuste sobre el pueblo trabajador. No hay alternativas posibles, pues, dentro de los marcos que impone la clase capitalista. Nuestra única alternativa es la de construir la organización revolucionaria de la clase trabajadora que lleve adelante la lucha que permita dar por tierra con este sistema de explotación de una vez y para siempre.
