Las inundaciones en el estado de Río de Janeiro afectaron a algunos de los municipios más pobres de Brasil (Nova Friburgo, Teresópolis y Petrópolis) donde la gente vive en condiciones de extrema pobreza. Según datos oficiales, el temporal se cobró la vida de más de 830 personas, la tercera parte de ellas, menores de edad. La cantidad de desaparecidos supera los 500 y unos 20 mil habitantes se han quedado sin vivienda. Por si esto fuera poco, a más de dos semanas de comenzadas las lluvias, aún hay localidades completamente aisladas.
Anunciando la construcción de una cantidad insuficiente de viviendas, una buena parte de ellas a cargo de empresas privadas que ya están especulando con el negocio, la flamante presidenta Dilma Rousseff prometió que “se intervendrá más rápidamente en caso que, sin el permiso pertinente, se levanten viviendas en regiones peligrosas”. Es decir que, ante la urgencia de construir una vivienda donde guarecerse por parte del pueblo, el gobierno ordenará la represión, continuando la política de militarización de los barrios pobres desarrollada por Lula Da Silva.
Además del enorme costo en vidas humanas que significaron para el sector social más vulnerable de Brasil, las inundaciones pusieron de manifiesto la miseria extendida que existe en el estado brasileño. Y esta pobreza no es un producto de la naturaleza, sino del sistema capitalista que condena al pueblo a vivir bajo la explotación y la miseria, y de los ocho años de gobierno del PT que se mostró como continuidad de la política de gobiernos anteriores.
Tras casi una década de administración, el gobierno del PT deja más de 20 millones de brasileños viviendo en la pobreza extrema y 5 millones en zona de riesgo, tal como reconoce la actual presidenta Rousseff.
